No es posible permanecer impasibles frente a la tragedia que se está viviendo en la Franja de Gaza. Si bien los terroristas que, a sabiendas de la muy previsible reacción implacable del Estado israelí, decidieron atacar en ése territorio en una agresión inhumana, que desmembró a muchas familias, con 1.195 personas asesinadas y 736 civiles secuestrados, tratados con la mayor crueldad y odio posibles, la legítima reacción del gobierno presidido por Benjamín Netanyahu hace rato que pasó todos los límites de la “Guerra justa”.
Tal como aquí se expresó en un editorial de octubre de 2023, ese concepto, creado y explicado en la Antigüedad (China, Grecia y la Roma de Cicerón), en la Edad Media por San Agustín y Santo Tomás, y desde entonces por autores en la Edad Moderna y la Contemporánea, incorporado al Derecho Internacional con el Ius ad bellum, regula cómo debe responderse una agresión para que se justifique y tenga fuerza moral.
Los israelíes fueron atacados el 7 de octubre de 2023 por terroristas, apoyados por regímenes que han prometido exterminarlos. Ante el Ius ad bellum tenían derecho a defenderse del agresor y procurar seguridad a su nación. Por eso, ese derecho no se cuestionó por ser inmediato ante la realidad de los ataques inmisericordes a sus ciudadanos.
La agresión, que fue un irrefutable desacierto, provino de un grupo terrorista cuyos líderes tenían el deber político de calcular las consecuencias de sus actos y del inevitable sufrimiento que la conducta demencial de sus integrantes, al asesinar y secuestrar civiles inermes, causaría al pueblo palestino en Gaza. ¿Podían Hamás y los gobiernos que lo apoyan ignorar la respuesta que Netanyahu daría?
Sin embargo, lo que se calificó en sus primeras reacciones como una Guerra justa a la luz del Ius ad bellum, tenía toda la posibilidad de convertirse en pérdida de autoridad moral para el Gobierno, lo que le propinaría un daño directamente proporcional al doloroso que le ha asestado al pueblo israelí la barbarie desplegada por los terroristas de Hamás en su suelo.
Hoy, si la Guerra justa exige que se respeten los derechos humanos de los enemigos, con mayor razón el de su población civil, que no puede ser sometida deliberada y conscientemente a hambre y demás padecimientos evitables.
Ahora la población gazatí, esto es, 2,1 millones de personas, además del aterrador número de muertos y heridos, se enfrenta a una situación de hambre aguda, y cerca de medio millón va a estar en una situación catastrófica de hambre extrema de aquí a septiembre, según análisis de la ONU, si no se logra un alto el fuego.
Es claro, y siendo pragmáticos, que eso no será factible si los terroristas no liberan a todos los secuestrados, e Israel se compromete a ponerle fin al bloqueo de alimentos y medicinas, y a los ataques cuyas principales víctimas son los más vulnerables, principalmente los niños, mujeres y ancianos.