El Universal ha sido persistente en acompañar a las comunidades de Bayunca y Pontezuela para lograr que se construya el alcantarillado sanitario que por tantos años les ha sido esquivo. Incluso en pasadas alcaldías, en momentos en que el Gobierno nacional tuvo disponibles los recursos para financiar el proyecto, distintas administraciones distritales no ofrecían explicaciones públicas creíbles de por qué se perdían las oportunidades de realización.
Finalmente, la actual administración tomó las decisiones concretas que faltaban para ejecutar la obra, asignando presupuestos y comprometiendo al Gobierno central y a la Gobernación de Bolívar para hacer que las cosas sucedan.
Finalmente se abrió el esperado proceso de licitación pública, del que fue seleccionado uno de los proponentes. Sin embargo, luego de la adjudicación una nueva frustración detuvo el periplo de la postergada obra, esta vez por la revocatoria a la que se vio sujeta la Alcaldía, debido a irregularidades que un competidor detectó en cierta documentación aportada por el proponente vencedor, lo que implica la apertura de un nuevo proceso de contratación.
Ahora, el plazo para presentar ofertas será hasta el 16 de mayo y la adjudicación está prevista para el 24 de este mismo mes, por valor de $118.253 millones en su mayoría aportados por el Distrito a través de un crédito público, más recursos del Ministerio de Vivienda y de la Gobernación de Bolívar.
Tal como lo ha anotado la Fundación Cívica Pro Cartagena (Funcicar), es el tercer proceso que abre la Alcaldía para contratar dichas obras, siendo que el primero fue publicado en diciembre de 2024 por valor de $78 mil millones, pues apenas incluía una de las dos fases que comprende el proyecto, proceso descartado en febrero de este año debido a que el Ministerio de Vivienda garantizó los recursos restantes para ejecutar la totalidad de la obra.
Sin embargo, ocurrió el hecho que, con razón, ha despertado inquietud en torno de la moralidad del proceso, pues después de adjudicada la obra en abril a un consorcio y antes de la firma del contrato, fue revocada la contratación tras reclamación presentada por otro proponente, encontrándose documentación que “contenía información engañosa”, específicamente en las certificaciones de experiencia.
Por lo expuesto, lo que está en juego en este proceso no solo es cumplirles a dos comunidades que han sido burladas por años en un derecho otorgado en la ley y reconocido en una sentencia judicial. Es, también, una prueba de fuego para la Administración, que deberá obrar con el mayor cuidado pues, después de lo ocurrido, la sensibilidad que hay alrededor de este proceso licitatorio obliga a adoptar medidas que demuestren que la transparencia es signo de la contratación de obras públicas, lo que quedó en recelo en este caso concreto.