No se equivoca el presidente en su afirmación en cuanto a que la violencia en ciudades portuarias como Buenaventura, Tumaco, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla se encuentra cada vez más vinculada a estructuras criminales, pero resulta extraño que su propuesta contra esa realidad sea la de cambiar la administración de los puertos.
Si en los puertos o aeropuertos se han fincado redes de narcotráfico y contrabando es por la tolerancia del Gobierno nacional, a través de las autoridades obligadas a prevenir, corregir y sancionar esas conductas criminales.
Desconcierta que la solución a estas realidades sea la de modificar la estructura de la gestión portuaria, pero no se mencione para nada sobre qué se hará para mejorar la gestión pública de seguridad, competencia exclusiva y excluyente del Estado, salvo en lo que se refiere a la vigilancia privada, que es permitida y regulada en la ley.
Si el Estado ha sido incapaz de nombrar cinco nuevos funcionarios de Migración Colombia que reciban a los extranjeros en el aeropuerto Rafael Núñez, incluso bajo la oferta del alcalde de Cartagena de asumir los costos de dichos funcionarios, ¿cómo pretenden desde Bogotá que el Estado tiene la capacidad de administrar los puertos del país?
Por el contrario, la prueba reina de la ineficiencia estatal es la incapacidad de Migración Colombia y del Ministerio de Relaciones Exteriores, de resolver la problemática de pésima y vergonzosa atención de los extranjeros en el proceso de ingreso migratorio al país. De nada han servido las múltiples peticiones que desde distintas instancias públicas, privadas y mixtas se han hecho para que se resuelva de una buena vez el desastre que suponen esas debilidades en el aeropuerto de Cartagena. ¡Pero no ha habido manera!
Y la razón es muy sencilla: el Estado es enemigo de la eficiencia, y lo que al Estado le importa es el control del presupuesto y de los negocios; para nada el buen servicio al ciudadano.
Preocupa que el objetivo de esta movida sea que se quiere dar otro chu chu chú, y que se convierta en filosofía central de la acción gubernativa. Fatal que de lo que se trate sea el estatizar sin importar el daño que eso le irrogue al pueblo y al desarrollo económico nacional.
Está muy bien la crítica que el presidente le espetó a la Superintendencia de Transporte, entidad de la que pidió una reforma profunda. Pero qué tipo de reforma si no se tiene claro qué es lo que hay que cambiar para que el principio de autoridad y control se respete en los puertos y en otros espacios de convivencia en los que se espera una acción coordinada y coherente de inteligencia para desmembrar las organizaciones que, según el dicho del primer mandatario, se han tomado esos escenarios por la “… manera como lo ha manejado el país, con la POLFA y la DIAN, ha fracasado”.
Pero esta realidad no puede servir de excusa para estatizar la ineficiencia.