Ante la noticia publicada en nuestra edición de ayer, sobre la forma inmisericorde en que hemos perdido el manglar por la invasión que avanza sin freno en La Boquilla, en la margen derecha siguiendo el sentido Cartagena - Barranquilla, resulta conveniente traer a colación lo previsto en el Artículo 9 de la Ley 1955 de 2019, modificado por el Artículo 26 de la Ley 2294 de 2023, en el que se dispone la creación del Consejo Nacional de la Lucha Contra Desforestación y otros crímenes ambientales asociados (Conaldef), para la defensa del agua, la biodiversidad y el medio ambiente como un organismo de coordinación y orientación superior.
Busca esa normativa la concurrencia de entidades para la formulación y ejecución de políticas públicas, sin prejuicio de las competencias específicas de las entidades que lo conforman, siendo una de sus funciones la de proponer la política, planes, programas y estrategias de lucha contra la deforestación y otros delitos ambientales asociados.
La administración actual incluyó, como política distrital dentro del Plan de Desarrollo, la reactivación del Ecobloque, en el cual se ha despertado una mística de trabajo del equipo interinstitucional para actuar como Estado, con el fin de derrotar el delito continuado de daño en los recursos naturales, lo que a su vez atenta contra la seguridad nacional.
Es entonces de suma importancia que el Gobierno Nacional apoye el plan de acción de esta estrategia, que en la reunión 17 del Conaldef, realizada el 7 de junio de 2024, priorizó acciones contra el tipo de invasiones como la ejecutada en la margen derecha de la Vía al Mar, en La Boquilla, a propósito de la reciente visita de delegados del Gobierno en temas ambientales, en la que miembros del Ecobloque y la Guardia Ambiental aprovecharon para mostrarles la realidad del territorio, y en la que nuevamente se solicitó el cumplimiento de lo prometido por el alto Gobierno, en cuanto a reforzar la Policía Ambiental de Cartagena. Sin una acción coordinada de las distintas fuerzas nacionales y locales no será posible detener el continuado delito de urbanización ilegal y daño a los recursos naturales.
Del registro fotográfico aéreo publicado ayer se evidencia sin discusión la acción antrópica descontrolada desde 2018. El Gobierno Nacional, Policía, Dimar, las autoridades ambientales, toda la institucionalidad pertinente de la Alcaldía, singularmente la Alcaldía Local 2, deben aguzar su articulación en el rescate de los bienes públicos de este corredor ambiental tan estratégico, antes que se desborde debajo del Viaducto del Manglar.
En cuanto a los invasores ya asentados, sin perjuicio de las acciones policivas correspondientes, y de conformidad con lo previsto para las funciones del Conaldef, se pueden adelantar mesas de trabajo de carácter regional, con la participación de las comunidades locales.