Se agradece sobremanera la visita de seguimiento que el contralor general de la República lideró ayer en la ciudad, en relación con el proyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique y, sobre todo, las advertencias lanzadas a los Ministerios de Transporte y del Ambiente sobre los riesgos inherentes a los retrasos que han tenido las obras. Sinceramente, la convicción de que nos podíamos olvidar del proyecto en este Gobierno se daba por sentada.
El proyecto, que increíblemente aún sigue en etapa preconstructiva, siendo que las obras debieron haber comenzado el pasado diciembre, fueron prácticamente detenidas por diversas e innecesarias razones.
La primera y más importante, el absurdo requerimiento de licencia ambiental exigido por el Gobierno Nacional, lo cual puso en riesgo de liquidación anticipada el contrato de concesión, algo que no puede ocurrir pues podría costar al Estado cerca de $434 mil millones en indemnizaciones, sin las obras, más los daños directos y colaterales por su declinación. Nunca se ha entendido esa decisión si de todos era sabido de la existencia del Estudio de Impacto Ambiental en su tiempo avalado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que es de lejos un trabajo científico mucha más preciso para el caso concreto que las licencias ambientales. Mejor dicho, otra licencia ambiental para un proyecto ambiental que ya contaba con su más estricto instrumento.
La segunda, es el aplazamiento del giro de los recursos para 2025, de aproximadamente 710 mil millones tras el recorte general que hizo el Gobierno al presupuesto de la Nación en 2025, y en particular para las obras que se están ejecutando como preparatorias de las etapas de construcción que vienen después. La sensación que hubo en no pocos ámbitos es que la ralentización que ha sufrido el proyecto era deliberada, pues no faltaba nada para que se giraran los recursos de restauración del Canal y las obras se iniciaran.
En la ciudad tenemos, con razón, la convicción de que podrían moverse mucho más rápido cualquiera de las etapas en las que se encuentra en las oficinas públicas el proyecto, que merece una nueva visión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), ahora que a su mando se encuentra un cartagenero.
Nos unimos al pronunciamiento emitido por el Consejo Gremial de hace unas semanas, en el sentido de celebrar la designación de Óscar Torres Yarzagaray como presidente de esa entidad quien, como conocedor directo de nuestra región, puede atender con prontitud las dificultades que hoy atraviesa el proyecto.
De la misma manera, en cuanto a que demorar este proyecto no solo significa aumentar el daño ambiental y postergar la reparación que requiere la región, sino también dejar sin solución una problemática que ha sido agravada por las mismas intervenciones del Estado.