La semana pasada el exrector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, en su habitual columna en El Tiempo, llamó la atención sobre el Decreto 0391 del 1 de este mes, por el cual el Gobierno pretende la formalización laboral en todas las instituciones de educación superior públicas, expedido para dignificar el trabajo en dichas universidades, según expresión del ministro de Educación.
La nueva norma otorga a las universidades estatales nueve meses para definir un plan de formalización laboral y la subsiguiente vinculación en su planta permanente, a los docentes ocasionales y catedráticos entre 2026 y 2027.
Se quejaba Wasserman de que hubo 12 mesas de conversación con los sindicatos Aspu, Sintraunal y Ultradec, pero en el decreto no se menciona por ninguna parte que se hayan hecho consultas con expertos, rectores, el Sistema Universitario Estatal, o la Asociación Colombiana de Universidades. El que los antecedentes del decreto parezcan un panfleto en vez de una exposición razonada de las causas y motivaciones técnicas que llevaron a su expedición, pudiera deberse a esa falta de socialización y discusión con todos los actores.
Pero también podría explicar la ausencia de referencia al carácter constitucional que tiene la Autonomía Universitaria, así como resulta risible que las fuentes de financiación de la exigencia a la vinculación docente, señaladas en el decreto, provengan de recursos adicionales asignados en 2019 por el anterior Gobierno, por sus propios ingresos, y del Plan Nacional de Desarrollo destinados a cubrir la gratuidad, entre otros rubros “crónicamente desfinanciados”, en afirmación enfática del analista, con lo cual “no hay ni un peso nuevo en el decreto para financiar la ‘dignificación’”.
Habría que preguntarle a quienes concibieron y aprobaron el decreto, de dónde sacaron la idea de que, en Colombia, sólo entrarán a la planta docente los profesionales que ya cuenten con maestrías o pasen los exámenes diseñados para esos efectos, despreciando el conocimiento y la experiencia de expertos en disciplinas que enriquecerían el quehacer académico y cultural de esos centros.
Como lo sostiene Wasserman, en las universidades hay también auxiliares, asistentes, profesores de cátedra y docentes que dictan asignaturas o apoyan a profesores titulares, de entre los cuales algunos temporales aspiran a la carrera docente, otros no tienen interés, y algunos, cuyos conocimientos dependen de su experiencia en la práctica, es mejor que sigan así y que no se vuelvan ‘teóricos’. Por este decreto, ahora, “quienes abandonan su maestría o no aprueba su tesis, no podrán entrar a la planta docente. Puede ser presidente o ministro, pero no profesor”.
Definitivamente, el decreto fue hecho por quienes desconocen la importancia de contar con docentes que practican o ejercen sus profesiones.