El Contralor General de la República, en reciente intervención que hizo en la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, llamó la atención sobre diversos tópicos fiscales. De entre esos temas ha llamado la atención el de las reservas presupuestales, que son compromisos contraídos por el Estado que no se cumplen en un año fiscal, pero que tienen vocación de ejecutarse en la siguiente vigencia; por lo tanto, se trata de fondos para gastos que ya están previstos, pero que no se ejecutan en un mismo año, a pesar de estar presupuestados, razón por la que no deben confundirse con las cuentas por pagar, pues estas son deudas contraídas por el Estado que sólo esperan por su pago a los respectivos acreedores, quienes ya proveyeron o prestaron, total o parcialmente, bienes o servicios.
La acumulación de tales reservas suele tener una explicación básica: no hay una ejecución presupuestal eficiente. Es esta la razón por la que el contralor general ha advertido que tales reservas en 2024 alcanzaron un monto más alto de lo permitido en la norma.
Según la Contraloría General, conforme con boletín en su página oficial y noticia de la revista Cambio, se identificó que en 2024 el Estado acumuló $61,7 billones de pesos (177 entidades del orden nacional), lo que ha generado una acumulación de recursos sin ejecución efectiva, infiriéndose que hay entidades públicas que tienen los recursos comprometidos y reservados, pero no los ejecutan por diversas causas, tales como trámites engorrosos, fallas en la contratación o por decisiones políticas.
Programas como el de la implementación de paz o el de la atención de desastres prácticamente no tuvieron ejecución, siendo, como son, neurálgicos para el país, pero, además, programas bandera de la actual administración nacional. Similares situaciones se observan en sectores como vivienda, saneamiento básico y Presidencia.
Dentro de las preocupaciones de la Contraloría sobre este tópico están las reservas presupuestales depositadas en las fiducias, cuyo principal problema, desde la óptica de la vigilancia fiscal, es que son difíciles de rastrear por los entes de control, con lo cual cuesta trabajo tener claro qué programas y proyectos se encuentran financiados, paralizados o postergados, en tanto que las fiduciarias funcionan como organismos privados, haciendo más difícil la vigilancia de los recursos públicos.
Tal como lo ha señalado el contralor general, es imperativo que las entidades adopten medidas para garantizar una ejecución presupuestal eficiente, fortalecer la planeación y ejecución presupuestal y promover el uso de vigencias futuras en aquellos proyectos que superen la vigencia fiscal. Estas acciones son fundamentales para mejorar la eficiencia del gasto público y evitar acumulaciones innecesarias de recursos sin ejecutar.