Si la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) actúa conforme con su tradición, esto es, de manera técnica, pronto tendríamos que saber qué responsabilidad le cabe al actual gobierno, del cual hace parte esta importante dependencia, en la coyuntura que acusa el sector del gas, singularmente con el incremento del precio a determinados consumidores.
El presidente Gustavo Petro calificó de especuladores a los agentes que participan en la industria gasífera, atribuyéndoles la responsabilidad exclusiva por las amenazas de escasez que lleva a la importación de esta sustancia, y su consabida subida de precio a determinados consumidores.
No basta que la SIC investigue la responsabilidad de los empresarios del gas por la insuficiencia de la oferta doméstica o por la importación de tal combustible más oneroso que el que se extrae y produce internamente. Es apenas justo que determine qué decisiones se dejaron de tomar y cuáles se adoptaron erradamente en la cúpula del Gobierno y en el Ministerio del ramo.
Es probable que se encuentren responsabilidades en las empresas del sector; la SIC tiene las herramientas para determinarlo, y si las hay, pues que se produzcan las condignas sanciones.
Sin embargo, sería grave que la conducta de la SIC sólo pudiera estar dirigida a imputar toda la responsabilidad de lo que está pasando, a la empresa privada. Y resultaría inadmisible porque desde hace rato, y más exactamente, desde que en los primeros meses del actual Gobierno se mostró la errática política en materia de hidrocarburos, se produjeron variadas y sonadas advertencias, desde distintos flancos, que nos avocaríamos a la falta de gas suficiente para atender la demanda doméstica.
¿Quién puede decir, sin descaro, que no se advirtió algo que estaba cantado y que resultaba evidente desde las primeras de cambio del actual cuatrienio, cuando se conoció la posición ideologizada de la primera ministra de Minas y Energía? ¿Cómo se puede ocultar que al Gobierno se le anunció la inevitable coyuntura que estamos pasando, que se puede volver estructural si no se reconoce el error en que se mantiene, por no tomar las decisiones que corresponden en este momento histórico?
El negarse a la exploración de los yacimientos domésticos, incluidos los ‘costa afuera’, no podía sino causar que el mercado de gas en el interior del país terminara incrementando sus precios. ¿Quién es el responsable de esto, el Gobierno o la empresa privada?
Más sorprende aún es la inspección practicada por la SIC el pasado miércoles 12 de febrero, en la sede de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), que lleva dos años prediciendo la crisis que enfrenta la industria del gas por la necesidad de importarlo para evitar la interrupción del servicio, lo cual indefectiblemente propinaría en determinados mercados el alza en las tarifas.
La autonomía de la SIC está en examen.