Era inevitable que la más importante empresa de Colombia llegara al nivel de minusvalía al que se le ha llevado de la manera más previsible e irresponsable, sin disimulo, a un costo que alguien tiene que pagar.
No es posible que se destruya el valor de la principal fuente mercantil de ingresos de una nación, con previa advertencia, y que el daño quede impune.
Es absurdo que sus accionistas minoritarios sean afectados en sus inversiones, las que hicieron bajo la confianza de que no solo la empresa les retornaría beneficios por navegar en un mercado de compradores garantizados; también, que las decisiones se adoptarían por sus órganos de dirección y administración bajo los principios de buen gobierno corporativo, siempre preservando los intereses superiores de la compañía, de sus accionistas y de los terceros, tal como lo prevén las normas vigentes.
Pero todo lo que ha ocurrido muestra una retorcida culpable en ese próspero camino; esto es, que se habrían adoptado decisiones que no favorecían a la compañía, a sus accionistas (singularmente los minoritarios, que son la gran mayoría en cantidad, aunque no en capacidad de control de la asamblea general de accionistas), ni a los terceros (particularmente a sus trabajadores y sindicatos, que hoy ven cómo se deteriora el valor de la fuente de sus ingresos y beneficios laborales, de seguridad social y sindicales, que no tienen comparación en relación con otras empresas colombianas).
Hay que parar ya la acelerada carrera de destrucción de la calificación de las acciones de la petrolera colombiana y de la caída en el precio objetivo de sus acciones, que este año ya va en una contracción de 26,59%, lo que supone una pérdida de $28,8 billones.
Por supuesto que no se les exige a sus administradores controlar lo que depende de los factores macroeconómicos ni las acciones del Eln y otros actores violentos sobre su infraestructura; pero sí aquellas decisiones que se toman -o no cuando sí debe hacerse- desde Palacio o desde la administración interna, esto es, la Gerencia y la Junta Directiva.
Por ejemplo (y según interpretaciones calificadas del reciente documento de JP Morgan sobre Ecopetrol), se menciona que hay “un conflicto de agente”, término especializado que se refiere a situaciones en las que los administradores de una empresa actúan en contra de los intereses de los dueños de la compañía.
El país tiene derecho a saber si esa inexcusable y acelerada pérdida de valor de la empresa obedece también a una gestión desleal de sus administradores y controlantes, quienes habrían tomado decisiones, o dejado de adoptarlas, cuando se les advirtió hacerlo desde distintos frentes, por razones estrictamente ideológicas o por causas externas al objeto social o empresa mercantil de la compañía.
Ecopetrol le ha enseñado a pensar en grande al país. Necesitamos que retorne ese sentido.