A raíz del proyecto de la construcción de un muelle flotante en Playa Blanca, se han reiterado serias dudas sobre los efectos que pueda tener en el medio ambiente y en la consolidación de situaciones completamente irregulares que contravienen normas vigentes.
Es el caso de la prohibición de pernoctar en las playas de Colombia, normativa establecida para preservar el uso sostenible de las zonas costeras, y para garantizar la seguridad tanto de los ecosistemas como de los usuarios.
Bajo esa misma línea, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó, en febrero de 2020, el cese inmediato de actividades comerciales, singularmente de pernoctación en Playa Blanca, con el fin de proteger este espacio frente a la explotación ilegal e insostenible que apreció en la visita de inspección que realizó en su momento.
A pesar de estas directrices claras, la situación en Playa Blanca ha seguido empeorando. En agosto de 2019 la Capitanía de Puerto identificó 158 ocupaciones ilegales de terreno que no cuentan con permisos de uso del suelo, violando abiertamente el POT y las regulaciones nacionales. Estos establecimientos no solo operan en zonas de bajamar (bienes de la Nación), sino que también están construidos sin cumplir con normas estructurales, en áreas de alto riesgo, sin acceso a agua potable, energía ni sistemas de alcantarillado.
La construcción del muelle flotante la entendemos como un intento de mejorar la seguridad de las personas que arriban o parten de Playa Blanca. Por la misma razón, debe revisarse si la propuesta cuenta con estudios técnicos adecuados sobre los impactos ambientales, como las corrientes, los vientos y las mareas, lo que podría alterar aún más el delicado transporte litoral de arena, ya gravemente afectado por la muerte de los corales y la desaparición del pez loro, una especie esencial en la formación de arena.
El desarrollo turístico debe respetar nuestras leyes y preservar los recursos naturales. Las autoridades han manifestado que se comprometen con un turismo sostenible y responsable, en armonía con nuestras leyes y el medio ambiente. La construcción del proyectado muelle tiene que garantizar que no pondrá en riesgo mayor a las personas y al ecosistema.
De la misma manera, las ocupaciones indebidas y las construcciones ilegales en Playa Blanca han llegado a límites intolerables. Por ejemplo, está reglamentado el uso de las playas entre las 7 a. m. y las 5 p. m., prohibiendo la pernoctación de turistas, medida que es violada flagrantemente en Playa Blanca. Y en ese mismo sentido, la gestión de residuos sólidos mediante la elaboración de PGIRS, que impone el Decreto 1077 de 2016, ni se menciona para Playa Blanca, lo que explica la acumulación de basuras y el daño al medio ambiente.
La economía popular no tiene porque ser incompatible con el desarrollo sostenible.