La confiabilidad y estabilidad del suministro de energía eléctrica empezó a debilitarse a partir 1990 por los ataques que los grupos subversivos, especialmente el ELN, contra las torres del Sistema de Interconexión Nacional (SIN), afectando la producción industrial, el comercio y calidad de vida de la costa Caribe.
La crisis se agravó en 1991 por el fenómeno del Niño, lo que no mereció interés para la rectora de la energía, entonces ISA, razón por la que en 1992, con un verano intenso, poca capacidad hidráulica disponible y generación térmica deficitaria, ineficacia y clientelismo de Corelca, entre otras causas, el Gobierno debió enfrentar la crisis con fuertes racionamientos de más de 12 horas diarias en todo el país en algunos meses de los 14 que duró a partir de abril de 1992, todo lo cual llevó a procurar la inversión privada en energía eléctrica, lo que se extendió en 1994 a los servicios públicos de telefonía, agua, alcantarillado y aseo.
Las distintas resoluciones dictadas por la Creg, ente que reemplazó a ISA en la competencia reguladora del sector eléctrico, procuró que todos los agentes generadores del sistema recibieran remuneración para garantizar energía eléctrica en épocas de hidrología crítica. Pero es lamentable que se haya demorado en aprobar alternativas para disponer de gas mediante el sistema de regasificación, alternativa que permite contar con este combustible en épocas de sequía y a un buen precio, sabiéndose desde hace más de un lustro que el gas natural iba a escasear ante la falta de líneas de transportes desde las fuentes y por la falta de exploración de nuevos yacimientos gasíferos.
A tantos problemas del sector se ha sumado que los presupuestos de la Nación para las inversiones necesarias han sido insuficientes; la ineficacia en el manejo del servicio y en el recaudo en los barrios subnormales; la mala gestión de Electricaribe; el desatino de la clase politiquera, y tantos problemas que llevaron a la búsqueda de nuevos operadores, responsabilidad que recayó en Afinia y Air-e.
Por supuesto, a todos los problemas, las actuaciones erráticas de la Creg aportaron resoluciones que han profundizado la pesadumbre de los usuarios costeños con fórmulas tarifarias que incluyen el reconocimiento anticipado de la retribución por inversiones futuras en redes y subestaciones; la sobretasa al factor comercialización (del 20%); las pérdidas no técnicas (hurto de fluidos y fraudes), ocupando en gran porcentaje de estas la energía que consumen los usuarios de los barrios subnormales.
El actual Gobierno ha ofrecido diversas soluciones, pero ninguna ha logrado, o ejecutarse o impactar de forma relevante tanto la calidad del servicio como las tarifas.
El panorama no puede ser más desolador: Air-e intervenida y Afinia con accionistas que dudan de su sostenibilidad.
Conviene continuar con el tema.