Por más que los expertos en el servicio eléctrico lo vean como algo previsible, es posible que los no pocos ciudadanos se sientan sorprendidos del desenlace que ha tomado la advertencia que las directivas de Air-e, compañía que provee la energía eléctrica en Atlántico, La Guajira y Magdalena, le habían hecho al presidente de la República sobre los problemas financieros que afronta como consecuencia de las deudas que el Gobierno Nacional mantiene con ésta, más la cartera de suscriptores residentes en zonas de difícil recaudo, entre otros morosos.
Las acreencias acumuladas a favor de Air-e sumaban entonces más $1,8 billones provenientes de la facturación del servicio, la famosa opción tarifaria y los subsidios para los estratos 1, 2 y 3, a lo que se sumó el incremento descomedido de los costos de la energía en la bolsa, que pasaron de $145 mil millones en 2022, a $876 mil millones en 2023, esto es, más del 500%.
Esa compleja situación llevó a Air-e a solicitarle al Gobierno la administración temporal de la empresa, lo que, contra todo pronóstico, fue aceptado este martes por el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), fincando tal decisión en la gravedad de la crisis que la empresa, lo cual podría afectar el servicio de energía de miles de personas en la Costa.
Decimos que para los conocedores de esta materia no es una sorpresa la decisión de intervención de Air-e, por cuanto la Contraloría General de la República había alertado sobre un posible racionamiento y cese en la prestación del servicio de energía eléctrica debido al retraso en el pago de subsidios por parte del Ministerio de Minas y Energía.
Lo anterior se agrava en el Caribe, como lo señala la Liga Nacional de Usuarios, por las tarifas impagables que se están cobrando fruto de un régimen especial tarifario contra los costeños (que incluye pago de hurtos y fraudes), por la opción tarifaria, lo mismo que el cobro de una sobretasa a la comercialización del 20% solo para esta región, y las altas rentabilidades de todas las empresas del sector eléctrico.
Si esto ha pasado con Air-e, que se replique con Afinia es una posibilidad altamente probable, lo cual significará un rotundo fracaso en el sistema, con consecuencias incalculables para la economía y la calidad de vida de los costeños.
Así las cosas, es indispensable que se le aclare a la opinión pública cuáles son las causas completas de esta debacle, considerando que, conforme a análisis hechos por expertos consultados por esta casa editorial, ni los factores básicos ni la cartera morosa son responsables de las altas tarifas, sino las pérdidas no técnicas.
Procede la propuesta lanzada por el alcalde Turbay, de hacer una nueva cumbre del Gobierno con los alcaldes del Caribe, para analizar la situación y plantear soluciones integrales, de fondo, que garanticen un servicio de calidad y a costos razonables.