El presidente de la República ha lanzado varios mensajes contra el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral (CNE), en medio de la investigación relacionada con la campaña que los llevó a él y a la vicepresidenta a la Casa de Nariño.
Sobre el Consejo de Estado, aseguró que ese tribunal pretende despojarlo del fuero que le otorga el derecho a ser investigado y juzgado por el Congreso de la República, anotando que se estaría llevando a cabo un “golpe de Estado”, razón por la que no acepta que “… a través de un documento de una sala de consulta del Consejo de Estado que no tiene fuerza vinculante, el Consejo Electoral me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege...”.
Y en cuanto al CNE señaló, entre otras diatribas, que con “... votos de enemigos políticos del presidente en el Consejo Electoral y luego en la Comisión de Acusaciones buscarán destituirlo sin haber cometido delito alguno, sin dolo alguno, y burlarse del voto popular del 2022″. A todas luces el presidente está desenfocado y no está queriendo ver las cosas como son.
En efecto, ninguna autoridad en Colombia tiene, salvo la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, jurisdicción para investigar al primer mandatario por lo acontecido en su campaña hacia la presidencia de la República; y ninguna autoridad en Colombia tiene, salvo el Senado de la República, competencia para juzgarlo. Y esto el presidente lo tiene claro. Pero también debería tenerlo en cuanto a que el CNE ni lo está investigando a él ni lo está juzgando, sino a la campaña que lo llevó a Palacio. Esa es una competencia indelegable del CNE.
A esta entidad le compete, por función constitucional y legal, investigar las denuncias por violación de topes electorales, incluidas las desplegadas para la elección presidencial. Por lo mismo, el CNE no puede sustraerse de ese deber. De hecho, puede ocurrir que la sala plena del CNE decida archivar la investigación, similar a lo que ha ocurrido en un sinnúmero de casos. Pero en el evento en que la sala plena decida acoger la ponencia de formulación de cargos y se abra a pruebas el expediente, dependiendo de las resultas de la investigación, puede concluir con una condena (multas y orden de devolución de lo reconocido como reposiciones de votos) contra la campaña, el gerente y los auditores de esta.
Está más allá de toda discusión, aun cuando el presidente pretenda usar la información para avivar a sus bases, que no existe posibilidad de que el CNE ordene alguna sanción contra presidente y vicepresidenta, pues unque la Constitución dispone la pérdida de investidura o del cargo, es claro que en los casos de aforados, como ellos, esa competencia pasa al Congreso de la República, con lo cual no le queda otro camino al CNE que compulsar copias de la investigación, para remitirla a la Cámara de Representantes para lo de su competencia.
Así las cosas, ¿cuál golpe de Estado?