Los gobiernos de izquierda suelen fincar sus postulados en posiciones que cuestionan el machismo y la xenofobia, vistos como males heredados de culturas retrógradas, violentas y ultraconservadoras.
En consecuencia, el presidente de la República tiene el deber de evitar expresiones discriminatorias en sus mensajes, máxime si ordena que se difundan en horarios triple A por la televisión nacional, pues el impacto que ocasionan es mayor al que pueden producir sus trinos en X, plataforma oficial del jefe de Estado.
El cerrado rechazo a las declaraciones manifestadas el 30 de agosto durante la posesión de la nueva defensora del Pueblo, en las que se refirió, sin especificar identidades, a las periodistas como “muñecas de la mafia”, señalando que hay comunicadoras al servicio de “poderes oscuros”, es ofensivo para el gremio de comunicadores sociales, además de que generaliza, estigmatiza y perpetúa los estereotipos de violencia contra las mujeres periodistas, y muestra un mal ejemplo a la sociedad en la medida que provoca la inferencia en cuanto a que el primer mandatario es misógino, lo que no debe ser cierto.
Con posterioridad a esa errática declaración, el presidente lanzó otra no menos ofensiva, esta vez contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, de quien cuestionó su filiación política al partido conservador siendo, como lo calificó el primer mandatario, un hombre negro, lo cual no solo es ofensivo para los magistrados, jueces y demás servidores judiciales que no pertenecen a los partidos aliados del presidente; también perpetúa los estereotipos de violencia contra minorías étnicas, y muestra un mal ejemplo a la sociedad en la medida que provoca la inferencia en cuanto a que el primer mandatario es xenófobo, lo que no parece ser cierto.
Con razón, la nueva defensora del Pueblo, y primera mujer en ocupar este cargo, Iris Marín, afirmó que “no hay espacio para estigmatizaciones o agravios frente a las periodistas. Nada lo justifica”, máxime si se considera el enrarecido contexto de las amenazas que sufren las periodistas y el impacto que tiene el discurso estigmatizante del presidente entre sus seguidores y, en general, en el resto de la población.
El presidente no debe dar la impresión que es misógino y xenófobo, ni que su gobierno cabalga en contravía de su propio dicho inclusivo. Concordamos con la Flip en que el Estado se debe comprometer a garantizar los derechos de las mujeres periodistas y a que no sean agredidas por la labor que hacen.
Ya demasiado riesgo asumen las valerosas mujeres periodistas en un país tan violento como el nuestro, en atreverse a informar, investigar y denunciar los presuntos casos de corrupción del primer gobierno de izquierda de este siglo, al que le haría más honor respetar con sus expresiones la dignidad del ejercicio profesional de las periodistas colombianas.