Está a un paso de ser aprobada la muy esperada Ley Estatutaria de Educación, ordenada desde 1994 en la Ley General de Educación, dirigida a garantizar y desarrollar el derecho a la educación como bien común.
Aun cuando todo daba por sentado que sería aprobada sin más dilaciones, pues las últimas oposiciones que se le hicieron en el trámite que cursaba en el Senado fueron acogidas con las enmiendas introducidas en la Comisión Primera de esa Cámara, Fecode las rechazó con contundencia, decretando paro nacional en los colegios públicos.
La oposición del sindicato se sustenta en que la mencionada enmienda le entregará recursos públicos a colegios privados, que a los docentes no se les evalúe con base en los resultados de sus alumnos y que el prekínder, kínder y transición se conviertan en derechos fundamentales.
Si el proyecto de Ley Estatutaria de Educación no es aprobado, con o sin la enmienda que la tiene trabada, en todo caso la preocupación que más debería interesar a todos los que han participado en su discusión es, qué esperan de los colegios y, en general, de la educación escolar los padres de familia y sus hijos.
Un sistema que no cuenta con una política de formación docente establecida y creada con la participación de todos los estamentos escolares, no puede garantizar una buena educación para los aprendices.
Mientras los colegios privados invierten considerables recursos en capacitación habitual de sus profesores de planta, para los docentes del sector público no existe una estrategia similar que los ponga a tono con las realidades muy exigentes de un mundo que ya va por la cuarta revolución industrial, sustentada en tecnologías como IoT, Big Data, robótica, IA, entre otras.
En las escuelas públicas siguen preparando estudiantes para las profesiones y carreras técnicas tradicionales, con una baja estimación por la creatividad y la búsqueda de caminos diversos de productividad y de realización personal. Buena parte de lo que se enseña no tiene cabida en lo que los jóvenes encontrarán cuando salgan a buscar oportunidades de educación superior o en el mercado del trabajo.
Tampoco se ha profundizado en la discusión sobre la importancia de la evaluación de docentes e instituciones educativas. Fecode y otras organizaciones le sacan el cuerpo a esa necesidad que sólo podría beneficiarles tanto a sus miembros como a sus alumnos, pues lo que no se califica, difícilmente mejora.
Obviamente, no deberían tratarse como iguales a todos los docentes ni a los estudiantes, pues las diferencias que existen en las distintas regiones y sus idiosincrasias tendrían que considerarse en esas evaluaciones; pero para llegar a esos niveles de discusión, hay primero que admitir en la conveniencia de la evaluación de los educadores.
Brindar una educación hacia la excelencia requiere romper viejos paradigmas.