La alcaldía de Cartagena, en cabeza de su alcalde, Dionisio Vélez T, lanzó ayer la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutrición “Tintililillo” 2014-2024 para “garantizar a la población del Distrito de Cartagena el derecho fundamental a la alimentación...” a través del Plan de Emergencia Social (PES), que dirige Celia Castillo.
Uno de los fundamentos del plan es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que dice que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación...”, y también cita varios artículos de la Constitución Política de 1991, entre estos el “Artículo 44: derechos fundamentales de los niños”...; y el “Artículo 65: la producción de alimentos gozará de especial protección del Estado y velará por incrementar la productividad”.
El documento divulgado ayer también señala los linderos de Cartagena: “al norte con el Mar Caribe; al Sur con el municipio de San Onofre; al Este con Santa Catalina, Santa Rosa, Turbaco y Turbana; y al Oeste con el Mar Caribe”; y dice que la ciudad tiene 609,1 Km2 y 912.674 habitantes (Censo DANE 2005); 92.5% (844.223) de ellos vive en la zona urbana, y 7,5% (68.451) en el área rural.
Es notorio que Cartagena es urbana, pero también que tiene vecinos rurales que podrían producir más alimentos para evitar el hambre en la ciudad, en concordancia con el PES, y que se debería establecer un círculo virtuoso para que los vecinos cosechen productos agrícolas y también produzcan leche y carne, que se puedan comer y tomar los habitantes de Cartagena.
El documento de ayer es muy completo y bien pensado, y entre muchas otras, contempla una de las estrategias más efectivas para la seguridad alimentaria: los patios productivos, un modelo exitoso para producir vegetales de gran calidad que funciona bien en el corazón de la Cartagena pobre y urbana.
Como uno de los objetivos principales de esta política pública es proteger los derechos de los niños, y comer bien es uno de los principales para poder rendir en la educación, y cómo el Artículo 65 citado por el documento obliga al Estado a proteger la producción de alimentos, no se entiende cómo Colombia está inundada de leche gracias a los TLC y a su propia producción, pero no le llega a los niños de menores recursos, que la necesitan desesperadamente para formarse físicamente bien.
El círculo virtuoso mencionado antes implicaría que los ganaderos produjeran mucha más leche, y que esta le llegara a los niños del país, incluidos los de aquí.
Si el Gobierno no honra su obligación constitucional (Artículo 65 de la CP) nada cambiará, porque las procesadoras de leche la transforman en derivados lácteos con buenos márgenes para mercados pudientes y nadie que sepamos se ocupa de que la leche llegue a los niños de los barrios pobres.
No es aceptable que haya leche en polvo en bodegas mientras hay niños con hambre. Con solo corregir esta ineficiencia social del mercado se daría un paso fundamental en Cartagena y en el país para formar mentes sanas en cuerpos sanos, y para proteger a los productores del campo.