El Establecimiento Público Ambiental (EPA), acompañado de algunos alcaldes locales, viene realizando una campaña meritoria para controlar el ruido desmedido que contamina a la ciudad y tortura a sus habitantes.
Esta vez el EPA estuvo en los negocios de Bazurto, algunos de los cuales usan equipos de sonido y perifoneo a volúmenes estridentes, puestos en la calle para que ningún transeúnte escape al acoso sonoro, para anunciar su mercancía.
Esta no es una práctica exclusiva de Bazurto, ya que en el Centro también hay almacenes que incurren en este abuso. Cuando el EPA mide los decibeles para sancionar a algún local comercial, bar o residencia, mide específicamente el ruido de un equipo, pero la suma de todos los abusadores produce un ruido endemoniado que atenta contra la salud pública y la salud mental de las víctimas, especialmente si viven allí. En algunos casos, el ruido es tan alto que las personas ni siquiera pueden oírse a sí mismas pensar.
La buena noticia es que en Bazurto, según un comunicado del EPA, la entidad visitó 20 locales y en “los almacenes de venta de ropa, zapatos, cacharrerías y droguerías, a lado y lado del Mercado de Bazurto, representantes legales y propietarios firmaron un acta de compromiso en el que se responsabilizan de no sacar sus equipos sonoros fuera del establecimiento comercial”.
Este es un buen comienzo y debería ser el principio del fin de los aparatos de sonido invadiendo el silencio de todos, pues si se comprometieron a no sacarlos a la calle, también deben comprometerse a que el sonido de los artefactos no saldrá al espacio público. Y en ese caso, los equipos ya son inútiles, porque es inconcebible que los hagan sonar dentro de los locales, donde le harían la estadía imposible a su clientela.
Es decir, ya los equipos son irrelevantes, a menos que el propósito de enmienda sea apenas de dientes para afuera y se pretenda ponerlos adentro pero apuntando hacia afuera para seguir con la misma actividad antisocial, como es la de reventarle los tímpanos a los transeúntes desde adentro, pero esperando que las cosas “se calmen” para volverlos a sacar a la calle.
Sin embargo, creemos que la intención de los comerciantes, la mayoría de los cuales son gente muy seria, no es la de seguir transgrediendo las normas del ruido, sino la de comenzar a fomentar paradigmas diferentes que ayuden a la convivencia. Los 83 decibeles que midió el EPA no son ninguna bobada, sino una amenaza contra la salud de la gente, incluyendo la de los dueños de los aparatos. Además, esta primera visita fue pedagógica, y si el problema siguiera, se decomisarían los equipos mal usados.
Esta actitud del EPA es loable y la viene practicando en distintos lugares de la ciudad, pero debería extenderla a algunos de los barrios cuyos impuestos son de estrato 6, pero su ruido es ilimitado y con el agravante de que lo producen establecimientos “respetables” de gente que se supone bien educada.
A ese ruido también hay que ponerle el decibelímetro y aplicarle la ley.