Aunque el país acaba de sufrir los rigores del paro campesino, al que se le sumaron diversos sectores y entre todos pusieron en jaque al Gobierno, no fueron los primeros y probablemente no serán los últimos eventos en los que se recurre a las vías de hecho para lograr un objetivo de algún grupo de interés, legítimo o ilegítimo, porque también Colombia ha tenido paros armados promovidos por los grupos ilegales.
En Cartagena es común que los habitantes de cualquier barrio bloqueen calles neurálgicas -casi nunca las de su vecindario- para protestar porque les quitaron el servicio de agua potable o el de energía eléctrica, o porque alguna calle importante para su colectivo está intransitable. El Corredor de Carga, por ejemplo, es un blanco común de estos bloqueos, como también lo son las vías aledañas al centro histórico de Cartagena, especialmente las que comunican con el sector hotelero y residencial de Bocagrande.
Con frecuencia, los protestantes tienen razón en sus quejas, si no en la manera de hacerse escuchar, aunque lamentablemente parece ser la más efectiva para que las autoridades les pongan bolas o les resuelvan los problemas.
Las distintas administraciones de Cartagena y de las poblaciones aledañas arrastran una lista enorme de cosas por hacer que son de máxima importancia para las comunidades, pero no son llevadas a cabo por las razones usuales: imprevisión, irresponsabilidad, politiquería, ineficiencia, mal uso de los recursos públicos, y demás razones conocidas por la comunidad y por las propias autoridades.
Las comunidades de Puerto Badel y de Rocha, ambas en jurisdicción de Arjona, y la de Lomas de Matunilla, llamada también El Pueblito (jurisdicción de Turbana), citaron a las diversas autoridades y a varias empresas privadas a una reunión el 10 de diciembre pasado para hablar de los problemas que las agobian, especialmente de víctimas y de servicios públicos, pero solo acudieron los representantes civiles de las tres poblaciones y nadie de las alcaldías de Arjona, Turbaco, Turbana y Cartagena, ni tampoco de la Gobernación, ni de las empresas privadas invitadas.
La administración pública sufre de amnesia. La comunidad de Puerto Badel se ha tomado ya tres veces la estación de bombeo de Acuacar, que está allí y que surte de agua a Cartagena, porque no les han parado bolas en quejas anteriores. Las tomas fueron en octubre de 2007 por falta de luz durante más de tres meses; en noviembre de 2010, por el mal estado de la vía; y nuevamente en abril de 2012, por falta de energía eléctrica.
Lo inteligente sería que las distintas autoridades escucharan a estas comunidades y les pusieran responsables y fechas a las soluciones de sus problemas, no sea que los elementos menos pacientes inciten no solo a parar la estación de bombeo, a hacer daños para que los tengan en cuenta.
El caso de estos tres pueblos es típico de lo que ocurre en muchas otras poblaciones y que exige cambios en la mentalidad oficial reactiva, que debería prever en vez de tener que volar a apagar incendios, a veces, literalmente.