A comienzos de 2011, el Gobierno lanzó la Operación Troya en las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel, y en el valle de río San Jorge con el propósito de desmantelar a las bandas criminales que desde 2006 habían asesinado a más de 2 mil personas en Córdoba, y habían montado una estructura delictiva que se dedicaba a la extorsión y al mantenimiento de cultivos ilícitos, sembrando el terror con homicidios selectivos, a veces masivos, y amenazas de muerte.
En esa época, la Policía y el Ejército calculaban que entre el bajo Cauca y alto Sinú y San Jorge, las bandas criminales tenían más de 6 mil hectáreas sembradas de coca, que hacían parte de un emporio sostenido con sangre.
Muchos sectores de Córdoba creían que la situación no se resolvería solo con la ofensiva militar y de la Policía.
Hace dos años, el comandante de la Policía de Córdoba, coronel Héctor Enrique Páez Valderrama, declaraba a los medios de comunicación que no era suficiente llegar a una zona, capturar criminales, destruir laboratorios e incautar drogas. “Hay que llevar planes y programas sociales, construir escuelas, prestar el servicio de salud y mejorar las vías”, aseguraba el coronel Páez.
Por eso, la Operación Troya incluía un componente social, con brigadas para luchar contra el reclutamiento de jóvenes por las bandas criminales y la propia Policía llevó profesores a las zonas remotas.
Un reporte del Ministerio de Defensa, de abril de 2011, indicaba que en tres meses de la Operación Troya se adelantaron 250 operativos, fueron capturado 301 miembros de las bacrim, incautados más de 5 mil kilos de cocaína y una enorme cantidad de precursores químicos.
Sin embargo, la dimensión del problema es enorme.
La semana pasada, el municipio de Montelíbano se llenó de panfletos que advertían a los comerciantes que debían cerrar sus negocios, y en Puerto Libertador, hombres armados que se movían por todo el pueblo en motocicletas, amenazaban a los comerciantes que abrieran con declararlos objetivo militar, según contó el párroco de esta última localidad, Milardo Camargo.
El párroco hizo ayer una petición urgente al Gobierno para que se ocupe con más interés del sur de Córdoba.
“Acá la situación no es fácil, hay hambre, hay miedo”, denunció.
Los cuestionamientos, tanto del párroco como del alcalde de Puerto Libertador, Reomedres Carrascal, y de muchas otras personas de la región, es que hace falta una acción más efectiva por parte de la fuerza pública, pero también que el Estado llegue con mucha acción social, de manera que la colaboración con las bandas criminales sea una opción nada beneficiosa.
Es delicada la situación en Córdoba, pero aunque enfrentarla sea difícil, es preciso que se haga ya. Y si no se acometen acciones parecidas en otras partes de Colombia, la situación se tornará igual o peor en muchos otros lugares. El Estado tiene que llegar con todo.