Baldíos, equidad y desarrollo

La polémica por las denuncias de dos congresistas del Polo Democrático sobre la presunta compra ilegal de terrenos baldíos adjudicados a campesinos en el Vichada para un gran proyecto agroindustrial de Riopaila, abre una discusión más allá de una eventual violación a la Ley Agraria 160 de 1994, que establece entregar baldíos por parte del Estado que no sobrepasen la llamada Unidad Agrícola Familiar (UAF), cuya área depende del lugar geográfico y la clase de suelo, y que no pueden venderse en superficies que la superen.
La discusión de fondo de estas denuncias es aplicar en Colombia una política agraria que corrija la inequidad en la propiedad de la tierra sin que se bloquee el desarrollo agroindustrial a gran escala, imprescindible en el país.
El esquema ideal es uno en que la equidad en la distribución de tierras se integre con los grandes proyectos, para que beneficie a todas las partes y prosperen las regiones rurales, sobre todo las aisladas.
El ex ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, propuso en el proyecto de Ley 164 de 2012 una manera de empezar a conciliar estas dos necesidades de Colombia: los llamados proyectos asociativos, en los que se unen “inversionistas nacionales y extranjeros calificados con adjudicatarios de baldíos; o beneficiarios de subsidios de tierras y propietarios de predios sujetos al régimen parcelario”, una de cuyas finalidades sería “la mejora del ingreso y la calidad de vida de los campesinos asociados”.
Lo novedoso es que los adjudicatarios de baldíos no tendrían que trasladar su título de propiedad ni aportar su predio como capital a una sociedad.
Alejandro Santo Domingo explora otro camino con un modelo de inversión en el que no compra los predios, sino que los alquila, pagando con un porcentaje de la cosecha, además de correr con los gastos de adecuar la tierra y construir infraestructura.
En el caso de la compra de baldíos en masa, denunciada escandalosamente como ilegal por los senadores del Polo, serán las autoridades las que señalen y castiguen la ilegalidad –aunque ya el ministro de Agricultura Francisco Estupiñán sugirió que podría existir una–, pero en la propia denuncia se dejan dos cosas en claro: no se despojó a los campesinos, pues cada uno recibió mil millones de pesos, y el proyecto agroindustrial podría ser una gran fuente de empleo rural, ahora tan escaso.
Pero hay algo muchísimo más escandaloso: se detectaron maniobras ilegales en la adjudicación de la tercera parte, más o menos, de las 2.445.000 hectáreas de baldíos entregados en la última década, como suplantaciones de identidad y cambio de usos, y se investiga la participación en ello de numerosos funcionarios del Incoder.
Los carteles del robo de tierras tienen que ser erradicados del país, incluyendo los que puedan existir en la Costa Caribe colombiana, ya que son una fuente enorme de inequidad.