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Editorial

Bancarización y formalidad

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Durante mucho tiempo, el Gobierno intentó remover las barreras entre los colombianos en general y el sistema financiero, a través de campañas que pretendieron borrar la desconfianza de una buena parte de la población hacia los bancos.
Esa desconfianza ha sido también barrera poderosa para que los programas que fomentan y asesoran proyectos productivos en los estratos más pobres salgan adelante, pues la financiación para crecer estos proyectos requiere ciertas garantían para desembolsar los créditos.
A pesar de la continuidad e intensidad de las campañas de bancarización, la costumbre irregular de acudir a prestamistas ilegales sigue en igual grado que hace 10 o 15 años, sin importar que cobren intereses hasta diez veces el tope máximo antes de considerarse como usura.
Para agravar el asunto, estos préstamos no son para financiar proyectos productivos, sino para el consumo.
Una de las estrategias puesta en marcha en el país para superar los obstáculos entre la gente y el sector financiero fue la Banca de las Oportunidades, administrada por el Banco de Comercio Exterior, para promover el acceso a servicios financieros a familias pobres, hogares no bancarizados, microempresarios y pequeña empresa, enmarcado en la política nacional de lucha contra la pobreza y promoción de la igualdad social.
Las metas cuantitativas para el cuatrienio 2010-2014 eran aumentar la bancarización al 68%, vincular a 40 mil clientes a la Banca Comunal y bancarizar a 50 mil personas a  través  de  la  asistencia  técnica  a cooperativas.
El resultado ha sido muy exitoso, pues hasta septiembre de 2011, la bancarización llegaba al 63,1%, gracias al incremento de los llamados corresponsales no bancarios, que ya funcionan en más de 200 municipios, y el crecimiento sostenido de la cartera de crédito, con altos niveles de pago de los préstamos.
Sin embargo, queda mucho por hacer, como lo demuestra en Cartagena la modalidad de préstamos ilegales llamada “prestadiario”, que sigue presente, especialmente en entornos como el Mercado de Bazurto, con transacciones y cobros inmediatos, y con el agravante de que se presiona el pago con la violencia.
Es preciso que el alto porcentaje de habitantes de Cartagena que intenta sobrevivir diariamente con el “rebusque” decida emprender negocios legítimos y no hay otra forma mejor ni más segura de apoyo financiero que las líneas de crédito de algunas entidades del Estado y organizaciones como la Banca de las Oportunidades, aprovechando que hay una vasta red de corresponsales bancarios y no bancarios en zonas remotas de nuestra región.
Esto exige, por supuesto, pasar de la informalidad a la formalidad, un cambio al que muchos habitantes pobres de la ciudad se niegan, porque creen que es un procedimiento engorroso y que ganan más con el simple y llano rebusque, usualmente ejercido en el espacio público.
Superar esta actitud requiere continuar sin desmayo con estrategias integrales a largo plazo, porque la lucha contra la pobreza no consiste solo en ofrecer herramientas para que los pobres generen sus recursos de vida, sino también implantar una cultura de legalidad y formalidad.

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