La Justicia cae sobre los ladrones de condones

Esta semana fue puesto en libertad un hombre de 27 años, que había pasado más de 80 días en la cárcel de Villahermosa en Cali, luego que un juez de garantías validara la medida de aseguramiento pedida por un fiscal que lo acusaba de hurto agravado y que alegaba que tenía libertad condicional en una condena anterior por un delito similar.
¿Qué robó el hombre?: una caja de condones en un almacén de cadena de la capital del Valle, que se vende en 4.100 pesos.
Recuperó la libertad luego de conciliar con el almacén y pagarle una indemnización de 50 mil pesos.
Lo inaudito aquí no es el objeto robado, pues el robo es un delito sin importar el valor del objeto hurtado, sino el tiempo que se demoró el despacho judicial y la Fiscalía en lograr una conciliación que pudo materializarse el mismo día de la captura.
La cantidad de tiempo, esfuerzo y personal enfocado en el robo de Cali es la que se necesitaría para encarar los miles de crímenes atroces y otros delitos de suma gravedad que se cometen a diario en Colombia.
Este caso es un ejemplo de las contradicciones en nuestro sistema de justicia, cuya cruda realidad retrataron los representantes a la Cámara Ángela Robledo, Iván Cepeda y Germán Navas, en un informe presentado al Congreso el pasado 19 de julio, sustentado con cifras del Observatorio de la Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y Asonal Judicial.
El informe reveló que al menos 350 municipios del país no tienen jueces, que la probabilidad de condena por un delito no pasa del 20%, excepto en el homicidio, que alcanza apenas el 3%. La impunidad en los casos de violencia sexual es del 98%.
La congestión de los despachos judiciales en el país es tan dramática que se calcula que de seguir el ritmo actual, el sistema tardaría al menos diez años en ponerse al día.
La presidenta de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, María del Pilar Arango Hernández, escribió hace algún tiempo un artículo en el portal del Centro de Estudios del Trabajo (Cedetrabajo) en el que pone ejemplos dramáticos de la congestión, como el de un Juzgado Civil Municipal de Bogotá, que debió manejar 3 mil procesos en un año, 500 de los cuales eran tutelas.
La insuficiencia de recursos económicos y de infraestructura es evidente cuando se observan las pilas de expedientes amarrados con pita en los rincones de los juzgados e incluso de algunos tribunales, y la necesidad de personal con mayores talento jurídico e integridad ética se demuestra en los absurdos fallos que escandalizan al país.
El 45% de los colombianos describe el sistema judicial nacional como corrupto, según el Informe Global de la Corrupción de la organización Transparencia por Colombia, cuya interpretación es que la Rama Judicial, a pesar de los avances y buenas intenciones, no tiene credibilidad entre la gente, que le atribuye problemas graves de acceso, oportunidad, adecuada dimensión, eficacia y eficiencia.
Est situación exige que por lo menos los despachos judiciales no desperdicien sus recursos en casos que pueden resolverse rápido, en lugar de concentrarse en los verdaderamente importantes, mientras se realiza una verdadera transformación del ejercicio de la Justicia.