Colombia parece haber pasado de la confianza en el diálogo, a una renovada esperanza en el poder coercitivo del Estado. Después de cuatro años de negociaciones con organizaciones armadas, el debate vuelve a concentrarse en operaciones militares, recuperación territorial, endurecimiento legislativo y fortalecimiento de la autoridad. Sin duda, necesitamos recuperar el control de los territorios y proteger a las poblaciones sometidas al dominio de organizaciones criminales; pero ¿basta con derrotarlas militarmente para lograrlo?
Los estudios de Michel Foucault sobre el poder ofrecen una perspectiva sugerente para comprender esta cuestión. Para el filósofo francés, el poder no consiste solamente en prohibir o castigar: también produce comportamientos, conocimientos y subjetividades. En sus investigaciones pueden distinguirse distintas tecnologías: el poder soberano, asociado con el derecho de vida y muerte, la teatralidad del castigo y la exhibición de la fuerza; el poder de la legislación, que establece prohibiciones y sanciones; el poder disciplinario, que organiza los cuerpos y las conductas mediante instituciones, vigilancia y hábitos; y la biopolítica, que interviene sobre fenómenos colectivos como la salud, la economía y las condiciones de vida. Si bien estas tecnologías pueden coexistir, Colombia ha oscilado entre las dos primeras, sin conseguir articularlas eficazmente.
Llevamos décadas reproduciendo ciclos de violencia pese a numerosos procesos de paz. Nuestra experiencia demuestra que la fuerza legitima del Estado y las sanciones penales, aunque necesarias, resultan insuficientes para transformar los hábitos y las relaciones cotidianas con el poder. Numerosos estudios muestran que luego de las negociaciones, donde las instituciones estatales carecen de presencia efectiva, nuevas organizaciones armadas imponen las reglas de convivencia, administran castigos y construyen formas paralelas de autoridad.
En sus primeros dos meses, el actual gobierno ha privilegiado el ejercicio del poder soberano mediante operaciones militares y capturas que buscan reafirmar visiblemente la autoridad estatal. Paralelamente, los proyectos anunciados como el Estatuto Antiterrorista y la Ley de Sometimiento a la Justicia expresan su apuesta por reforzar el poder jurídico-penal.
A pesar de lo anterior, la recuperación territorial exige algo más que coerción y legislación. Requiere instituciones civiles permanentes: escuelas, juzgados, presencia policiva y autoridades capaces de garantizar derechos y construir relaciones estables con la legalidad. Esta dimensión institucional puede analizarse a partir del poder disciplinario, sin olvidar que Foucault también advirtió sus riesgos de vigilancia y dominación.
Asimismo, la biopolítica permite comprender la importancia de intervenir sobre las condiciones colectivas de vida: salud pública, desplazamiento, infraestructura, alternativas económicas y oportunidades para poblaciones vulnerables. Desde luego, estas tecnologías tampoco garantizan por sí mismas la libertad. Necesitan orientación constitucional y controles democráticos.
Colombia necesita de una nueva estética del poder que articule fuerza legítima, eficacia jurídica, instituciones civiles y protección social, porque recuperar el territorio exige algo más que expulsar a quienes ejercen ilegalmente el poder, requiere conseguir que sus habitantes puedan vivir bajo instituciones legítimas, sin depender de los criminales ni temer al propio Estado.
*Profesor Universitario.