La intención del Distrito de Cartagena de volver completamente pública la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado ha abierto uno de los debates más importantes para el futuro de la ciudad. Y no porque se trate de escoger entre lo público y lo privado. La verdadera pregunta es otra: ¿tiene hoy Cartagena la capacidad institucional, técnica y financiera para asumir un servicio del que dependen más de un millón de personas?
La respuesta del Gobierno Distrital parece encontrarse en el ejemplo exitoso de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), la cual ha demostrado que una empresa pública puede ser eficiente; pero Medellín no es la regla, es la excepción.
EPM no se convirtió en una empresa ejemplar porque un alcalde así lo decidió. Fueron décadas de construcción institucional, de disciplina administrativa y de una cultura organizacional que sobrevivió a los cambios políticos. Su éxito no puede empacarse en un convenio de asesoría ni trasladarse de una ciudad a otra como si se tratara de una franquicia.
Cartagena intentó desarrollar un modelo público similar y fracasó. A mediados de los años 90 la situación se salió tanto de control, que la ciudad se vio en la necesidad de renunciar al modelo público por uno mixto.
Un ejemplo de la magnitud del riesgo está en nuestro propio departamento. En El Carmen de Bolívar también existió la expectativa de que una empresa pública garantizara un servicio esencial. La historia terminó con una empresa intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos y una administración incapaz de responder a las necesidades de los ciudadanos con un sistema que nunca logró consolidarse por sí solo.
Medellín demuestra lo difícil que es construir una empresa pública que funcione, mientras que El Carmen recuerda lo fácil que es fracasar. No se trata de afirmar que toda empresa pública está condenada al fracaso. Tampoco de sostener que el modelo mixto sea perfecto. Se trata de reconocer una realidad mucho más incómoda: el éxito de una empresa de servicios públicos depende de la calidad de las instituciones que la administran.
En Colombia hay muchos ejemplos de empresas públicas convertidas en escenarios de burocracia, captura política, deterioro financiero o intervención estatal. Lo responsable no es asumir que Cartagena será otra excepción, sino preguntarse qué condiciones objetivas tiene hoy la ciudad para evitar convertirse en otro ejemplo de fracaso.
La ciudad todavía tiene barrios que esperan una cobertura digna de agua potable y alcantarillado. Al mismo tiempo enfrenta un aumento en su endeudamiento y mayores presiones sobre sus recursos fiscales. Crear una empresa pública implica asumir obligaciones patrimoniales, administrativas y operativas de enorme magnitud.
Si el proyecto fracasa, el costo no lo asumirá un inversionista privado. Lo asumirán los cartageneros. Los más perjudicados no serán quienes hoy protagonizan el debate político, sino las familias que aún esperan abrir una llave y contar con el servicio.
Corregir las fallas del modelo actual es una obligación, así como exigir mejores resultados a los operadores; pero desmontar un esquema que funciona, aunque no sea perfecto, para reemplazarlo por otro, supone demostrar, con evidencia y no con expectativas, que el nuevo modelo ofrece mayores garantías para la ciudad. Hasta ahora, esa demostración no existe.