Cada vez que Colombia enfrenta un problema, la reacción parece la misma: proponer una nueva ley. Un caso de corrupción impulsa una reforma anticorrupción; una tragedia da origen a una ley con el nombre de la víctima; un avance tecnológico motiva una regulación específica. Se ha instalado la idea de que legislar equivale a gobernar y que cada dificultad encuentra solución en el Diario Oficial.
¿Por qué necesitamos la democracia?
Yezid Carrillo De La RosaSin embargo, la experiencia demuestra algo distinto. Colombia no carece de normas; por el contrario, posee un ordenamiento jurídico amplio y detallado que regula casi todos los aspectos de la vida pública y privada. Lo que escasea no son las leyes, sino la capacidad para hacerlas cumplir de manera efectiva.
Con frecuencia, el debate público se concentra en redactar nuevas disposiciones, cuando el verdadero problema radica en la aplicación de las existentes. De poco sirve crear otra obligación de transparencia si las entidades incumplen las actuales. Tampoco basta con reconocer nuevos derechos si los ciudadanos deben acudir constantemente a los jueces para que se respeten. Las leyes pueden abrir el camino, pero no recorrerlo.
Esta tendencia también genera un fenómeno preocupante: la inflación normativa. Año tras año se expiden nuevas reglas que modifican, complementan o incluso contradicen las anteriores. El resultado es un sistema jurídico cada vez más complejo, donde ciudadanos, empresas e incluso servidores públicos encuentran dificultades para identificar cuál es la norma aplicable. Paradójicamente, el exceso de regulación termina debilitando uno de los valores esenciales del Estado de derecho: la seguridad jurídica.
No se trata de cuestionar la función del Congreso. Una sociedad dinámica exige un derecho capaz de adaptarse a nuevos desafíos. Lo preocupante es convertir la expedición de una ley en un sustituto de la gestión pública. Fortalecer una entidad, evaluar una política pública, mejorar la capacidad de inspección o garantizar el cumplimiento de las normas suele ser menos visible políticamente que presentar un proyecto de ley, aunque produzca resultados mucho más duraderos.
Quizá antes de radicar una nueva iniciativa debería formularse una pregunta sencilla: ¿el problema existe porque hace falta una ley o porque las que ya tenemos no se están cumpliendo? En muchos casos, la respuesta no conduciría a una reforma legislativa, sino a fortalecer las instituciones encargadas de ejecutar el derecho.
La calidad de un Estado no depende del número de leyes que produce, sino de la confianza que inspira su cumplimiento. Una democracia sólida no se distingue por tener códigos cada vez más extensos, sino por contar con instituciones capaces de aplicar las reglas de manera eficaz, previsible e igualitaria.
Colombia seguirá necesitando nuevas leyes; pero legislar debe ser el punto de partida y no el punto de llegada. Mientras confundamos la producción normativa con la solución de los problemas públicos, seguiremos acumulando normas sin transformar la realidad. Al final, las leyes no cambian un país por el simple hecho de existir; lo cambian cuando las instituciones logran convertirlas en hechos.