“Todas mienten”, me dijo un amigo. -“¿Las mujeres?” -“No. Las constituciones. Mira este embuste: ‘Colombia es una República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales...”. -“¡Joa! Y que descentralizada” (se descojona de la risa).
Más de tres décadas después de la Constitución de 1991, la descentralización sigue siendo una promesa incompleta. Administramos el país con reflejos de virreinato: la actividad económica se desarrolla en los territorios, los recursos se concentran en la Nación, las decisiones se toman en Bogotá y los problemas quedan en departamentos y municipios.
Una cifra resume el centralismo colombiano: de cada cien pesos recaudados en impuestos, la Nación recauda 81, los municipios 14 y los departamentos apenas 5. No significa que el dinero se recoja en una sola bolsa, sino que el poder tributario está concentrado en el Gobierno Nacional. Después, los territorios esperan transferencias, conceptos y autorizaciones para atender las necesidades de sus habitantes.
¿Hay esperanza de que esto cambie? Sí. El Acto Legislativo 03 de 2024 ordenó que el Sistema General de Participaciones aumente gradualmente hasta el 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación, pero depende de una Ley Orgánica de Competencias que defina qué conservará la Nación y qué asumirán departamentos, distritos y municipios. El primer proyecto fue archivado; el nuevo Congreso y el próximo Gobierno deberán retomarlo, escuchando a Confadicol, la Federación Colombiana de Municipios y la Federación Nacional de Departamentos.
América Latina deja lecciones. Argentina, Brasil, México y Venezuela son federales, pero, como demuestra Venezuela, ese título no garantiza una descentralización real. Lo importante son las capacidades fiscales, administrativas y políticas de los territorios.
Descentralizar implica distribuir instituciones. Chile, aunque es unitario, tiene la sede principal de su Congreso en Valparaíso. Colombia podría ubicar entidades marítimas en el Caribe o el Pacífico, organismos amazónicos en Leticia y entidades rurales en zonas agrícolas.
La propuesta del presidente electo, Abelardo De La Espriella, de convertir el DNP en Departamento Nacional de Planeación y Descentralización es señal importante, pero cambiar el nombre no basta. Debe acompañarse de autonomía tributaria, capacidad técnica, menos trámites y mayor poder regional.
No se trata de reemplazar el centralismo bogotano por centralismos departamentales, ni de abandonar a los municipios pobres. La descentralización debe ser fiscal, administrativa y política; gradual, diferenciada y acompañada.
Las regiones no piden favores. Reclaman la autonomía que la Constitución les reconoció.
Es descentralizar o morir.