Cartagena es una ciudad de contrastes. Es un motor turístico y portuario del Caribe colombiano, con un buen desempeño institucional y buenos indicadores fiscales. Sin embargo, es una ciudad profundamente desigual, donde la riqueza convive con barrios que aún enfrentan pobreza y dificultades para acceder a derechos básicos.
En 2024, Cartagena ocupó el cuarto lugar entre las principales ciudades del país en el Índice de Desempeño Fiscal del Departamento Nacional de Planeación, con una calificación de 63,4 sobre 100. Este indicador mide qué tan bien administra una ciudad sus recursos públicos. Uno de los mayores avances de Cartagena fue su capacidad para planear y recaudar impuestos, donde pasó de una calificación de 60 puntos en 2022 a 100 puntos en 2024.
En este sentido, Cartagena pasó de recaudar 1,1 billón de pesos en 2022 a 1,6 billones en 2025, provenientes especialmente de los impuestos de industria y comercio, y predial. Lo que equivale a 800 mil empleados con un salario mínimo.
Estas cifras nos importan, porque cuando un municipio recauda mejor, puede adicionar recursos al financiamiento de infraestructura urbana, colegios, hospitales, etc. Sin embargo, Cartagena también nos recuerda que recoger mayores impuestos no garantiza automáticamente una sociedad más justa.
La pobreza ha disminuido en los últimos cuatro años, pero sigue marcando la realidad de Cartagena. Hoy, una de cada tres personas vive en pobreza, mientras que, en el promedio nacional, la proporción es de una de cada cuatro. Aunque la reducción es una buena noticia, la ciudad necesita fortalecer sus programas sociales.
Por eso, las buenas finanzas deben abrir una conversación distinta. La pregunta no debería ser cuánto más recauda Cartagena, sino qué tan capaz es ese recaudo de transformar las condiciones de vida de quienes han quedado al margen del desarrollo de la ciudad.
En ocasiones el debate público reduce la política fiscal a una discusión sobre subir o bajar impuestos. Pero esa discusión deja por fuera lo esencial. Un buen sistema fiscal no solo recauda recursos; también distribuye de manera más justa la carga tributaria, garantiza el pago de las obligaciones y convierte esos recursos en salud, educación y servicios públicos.
El reto es doble, primero, que los recursos que se recaudan se traduzcan en menor pobreza y más oportunidades y, segundo, construir una base financiera sostenible que permita mantener esos esfuerzos en el tiempo, para que sus beneficios lleguen de manera permanente a la población más vulnerable.