Colombia afronta hoy un proceso electoral sin precedentes en su historia democrática. Por primera vez, el Presidente de la República —Jefe de Estado, quien dispone de todo el aparato estatal— convierte cada tarima, cada red social y cada espacio a su alcance en un escenario de campaña para atacar al candidato que le incomoda y promover al suyo. Lo que antes era una línea roja, hoy es rutina. Lo que antes habría generado una crisis institucional, hoy pasa casi sin asombro. Y esa normalización es, quizás, lo más grave de todo.
Pero ahí no para la cosa. Una representante a la Cámara, integrante de la Comisión de Acusaciones y cercana al gobierno, intentó sancionarlo no para frenarlo, sino para habilitarlo. La jugada, tan burda como reveladora: una sanción que le permitiera salir a hacer política sin restricciones. Usaron un instrumento disciplinario como palanca electoral. Eso no es creatividad jurídica. Eso es cinismo institucional. Una afrenta sin precedentes a las instituciones del país.
Y como si fuera poco, Carrillo, exdirector de la UNGRD, sancionado por la Procuraduría por participación en política, y el alfil de Petro, el exsenador Gustavo Bolívar, han lanzado amenazas gravísimas: que si no gana Cepeda habrá convulsión y el país se incendia. Hay que decirlo sin rodeos: quien amenaza con incendiar el país si pierde, no está advirtiendo. Está confesando la derrota que se avecina. Y confirma por qué no tienen la capacidad moral ni la autoridad para seguir gobernando.
Estas tres conductas no son casualidades. Son las expresiones de un gobierno autoritario e intimidatorio que nunca aceptó que la democracia pudiera darle una respuesta distinta. Un gobierno que cuando no puede convencer, amenaza. Que cuando no puede ganar limpio, acude a la trampa.
Y en ese contexto, el respaldo a Abelardo De la Espriella es el termómetro de un país que ya decidió. Un país que ve cómo destruyeron el sistema de salud, cómo acabaron con lo que funcionaba sin construir nada mejor. Un país donde los jóvenes vieron cómo el Icetex les cerró la puerta y el sueño de la universidad se volvió más lejano. Un país que no quiere más bloqueos, más desorden, más complacencia con quienes imponen la ley del fusil donde debería imperar la del Estado. Colombia no quiere más caos. Quiere que las cosas funcionen.
Por eso el llamado no es solo a votar. Es a ganar con contundencia. Una victoria ajustada les daría oxígeno para el cuento del fraude, para la narrativa de la deslegitimación. Colombia debe responder con una mayoría que no deje espacio para la duda.
El país ya habló. Ahora hay que asegurarse de que no puedan ignorarlo.