La opinión sobre la liquidación de las EPS y el traslado masivo de usuarios a la Nueva EPS está profundamente dividida. Para el Gobierno, liquidar entidades en quiebra es una obligación legal, una medida necesaria para proteger a los usuarios y la justificación para avanzar en un sistema preventivo, predictivo y estatalizado.
La lección de 2022 que Colombia no puede repetir
Eduardo TovarPara la mayoría de los expertos, veedurías y gremios económicos, en cambio, la decisión puede agravar la emergencia sanitaria y vulnerar derechos fundamentales. Esta preocupación se ve reforzada por casos emblemáticos como el del niño Kevin Acosta y el del joven Jeisson Javier Pinzón, cuyas muertes —según las autoridades— pudieron haberse evitado si la Nueva EPS hubiese suministrado oportunamente los medicamentos requeridos.
Expertos en política sanitaria advierten que apostar casi exclusivamente por la Nueva EPS no es realista, dada su débil gestión administrativa y financiera: no presenta estados financieros desde 2023, sus deudas crecieron cerca de un 198 % entre 2022 y 2025 y actualmente registra patrimonio negativo. A ello se suma que la liquidación de EPS debería ser una medida excepcional y progresiva, no una decisión apresurada y sin soporte técnico. En esa línea, la organización Pacientes Colombia calificó la medida como “irresponsable, temeraria y generadora de pánico”.
Por su parte, la ANDI sostuvo que las intervenciones recientes han deteriorado los indicadores del sistema de salud y advierten el riesgo de una crisis humanitaria, especialmente en tratamientos críticos como cáncer, VIH, diálisis y enfermedades huérfanas.
Según las encuestas más recientes, la salud es hoy el principal problema para los colombianos de cara a las elecciones de 2026, incluso por encima de temas tradicionalmente dominantes como la seguridad o la corrupción. Sin embargo, al revisar las propuestas de los principales candidatos presidenciales, la conclusión es preocupante: pueden agruparse en dos categorías, populistas e insuficientes.
Entre las soluciones populistas se encuentra la propuesta de Iván Cepeda, que insiste en un modelo preventivo y territorial con mayor intervención estatal en el aseguramiento y la prestación del servicio. También la de Abelardo De la Espriella, quien plantea inyectar recursos inmediatos para estabilizar el sistema en 90 días, seguidos de una concertación nacional.
En cuanto a las soluciones insuficientes, están las propuestas de Paloma Valencia, centradas en ajustes a la UPC, fortalecimiento de las EPS viables y un modelo mixto más transparente; y la de Sergio Fajardo, que plantea acuerdos técnicos y reformas graduales sin rupturas estructurales.
El problema es que, mientras el sistema se acerca a un punto crítico, el debate público oscila entre respuestas ideologizadas y enfoques tecnocráticos que no abordan de fondo las fallas estructurales del modelo. Ni la estatización apresurada ni el continuismo sin reformas parecen ofrecer una salida realista. La salud no admite improvisaciones ni soluciones retóricas. Lo que está en juego no es un modelo abstracto, sino la vida de millones de colombianos, como la que pudieron tener Kevin y Jeisson.