El Consejo de Estado tumbó el Decreto 1500 de 2018 en cuál se protegía la línea negra de la Sierra Nevada de Santa Marta, y hoy no quiero hablar como constitucionalista, sino compartirles algunas reflexiones propias de nuestros hermanos mayores respecto de la situación, para en este espacio dar voz a los históricamente silenciados, a los guardianes de la Sierra. Hay un abuso del derecho coma una instrumentalización de la consulta previa, hoy porque la usaron para tumbar algo que protegía a los 4 pueblos originarios de la Sierra.
La consulta previa como derecho humano es para proteger a los pueblos tribales, no para usarla para tumbar las protecciones a esos pueblos. La línea negra es un concepto cultural ancestral de memoria histórica profunda que no data de hecho en tiempos republicanos, ni de la Conquista y la Colonia española, sino que data del origen de la humanidad, y la interpretación de la ley de origen. Y se preguntan: ¿Por qué nosotros tenemos que consultarle a otro pueblo o a otras personas nuestra ley de origen así como otros no consultamos la ley de origen ni pedimos que nos consulten ley de origen de otros pueblos? ¿Demandan el decreto, que es una forma de protección ambiental y cultural que tiene que preservar la Constitución? ¿Preservar el medio ambiente y cuidarlo es dañarles a otros derechos? Ahora el Estado colombiano creó el municipio de pueblo bello, crearon los consejos comunitarios, creó resguardos, sacó resoluciones, y nunca se consultaron los pueblos de la sierra, cuando ya existía el concepto de la línea negra en el conocimiento del país.
Hoy dicen que los consejos comunitarios son objeto de consulta, pero, ¿quién creó esos consejos comunitarios en el territorio, de manera inconsulta, con los cuatro pueblos que tiene unos derechos ancestrales frente a la Tierra? El mismo gobierno. El decreto no era división político-administrativa, no desconocía la propiedad privada en el lugar; es una invitación a conservar y a cuidar la Sierra Nevada sí, en el ámbito cultural y natural. El Consejo de Estado, en este fallo, en el cual ha sido un control sobre lo formal y carece de una profunda reflexión y argumentación constitucional frente a la protección de la memoria y posesión ancestral de los pueblos de la Sierra. “Nosotros renunciamos, no queremos consulta previa con estos grupos que señala el Consejo de Estado. Queremos un diálogo intercultural entre los pueblos con miras a que podamos llegar a acordar una ruta y que esa ruta nos lleve a acuerdos, y que el Ministerio pueda validar esto como un proceso que supere el tema señalado por el Consejo de Estado”. ¿Cuántas veces más intentaremos imponer nuestra visión del mundo a nuestros hermanos mayores?