En Colombia, “baldío” no es tierra abandonada. Es un bien de la Nación: un inmueble rural sin propietario privado que, por mandato constitucional y legal, pertenece al Estado para ser adjudicado bajo reglas específicas, especialmente a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. No es una metáfora agraria. Es una categoría jurídica.
Hasta ahí, la teoría.
La práctica ha sido distinta. Durante décadas, en múltiples regiones, los baldíos terminaron explotados como si fueran privados. A veces con escrituras discutibles. A veces con formalizaciones posteriores. Y casi siempre con una secuencia conocida: primero llega el alambre de púas; después llega el expediente. El Estado, cuando finalmente comparece, lo hace tarde y con mapas incompletos.
Hoy la Agencia Nacional de Tierras (ANT) intenta revertir ese ciclo. Bajo la dirección de Juan Felipe Harman Ortiz, la entidad ha asumido una tarea que el país postergó por generaciones: identificar, clarificar y recuperar baldíos indebidamente ocupados para incorporarlos a la reforma agraria. No es retórica: son hectáreas con coordenadas.
En el Caribe ya hay cifras concretas. En Córdoba, en la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, se han recuperado más de mil hectáreas identificadas como baldíos explotados por particulares. En Magdalena, operativos similares han devuelto predios al inventario público. Y en el Cesar, el caso de la Hacienda Bellacruz recordó que más de mil hectáreas podían estar indebidamente ocupadas como si fueran propiedad privada. No son relatos de sobremesa: son resoluciones administrativas, decisiones judiciales y procesos de recuperación.
Pero el problema es más profundo que cada caso aislado. Colombia aún no tiene una radiografía predial completa. El catastro multipropósito —la herramienta que cruza información física, jurídica y económica del suelo— apenas cubría en 2025 alrededor del 26,8 % del territorio nacional. El avance existe; el rezago también.
En demasiados municipios se discuten linderos con cartografía envejecida, registros desactualizados y superposiciones de títulos. La pregunta “¿esto es baldío?” no siempre se responde con una base única y verificable; muchas veces se responde con años de litigio.
En ese contexto, el Congreso tipificó en 2021 el delito de apropiación ilegal de baldíos. Sonaba contundente. Pero la Corte Constitucional lo declaró inexequible. El derecho penal exige legalidad estricta y tipicidad clara. No puede castigar sobre zonas grises. Si el Estado no identifica con precisión el bien jurídico —si no determina con claridad qué predio es baldío, en qué momento lo era y bajo qué régimen— la sanción penal se vuelve vulnerable. No por falta de indignación social, sino por falta de certeza jurídica.
El derecho penal no puede reemplazar la política agraria ni el catastro. Sin una base técnica sólida, la amenaza punitiva termina siendo simbólica o selectiva.
Mientras tanto, la concentración de la tierra sigue siendo una forma de poder. En departamentos del Caribe como Córdoba, el índice de Gini rural supera el 0,8. Esa cifra no describe solo desigualdad económica; describe asimetría estructural. Quien controla grandes extensiones controla empleo, crédito, encadenamientos productivos y, con frecuencia, influencia política local.
Un país puede tener elecciones, tribunales y discursos modernos. Pero si su estructura rural se organiza como un tablero donde pocos mueven las piezas grandes y muchos apenas ocupan el borde, la democracia funciona con intermitencias.
Aquí el catastro multipropósito deja de ser un tecnicismo y se convierte en una pregunta esencial: ¿sabemos quién es quién en la tenencia de la tierra? ¿Sabemos con precisión qué es público, qué es privado y qué nunca debió salir del dominio de la Nación? Sin esa respuesta, la reforma agraria es promesa, el delito es frágil y la República es propietaria en abstracto.
La reforma agraria no necesita consignas; necesita inventario. Y el inventario no es burocracia: es soberanía territorial.
Mientras el mapa rural completo no exista, seguiremos atrapados en una paradoja incómoda: la Nación sin inventario claro y los particulares con cercas perfectamente alineadas.
Decimos que no vivimos en sociedades feudales. Es cierto: no hay castillos. Pero todavía existen cerramientos que pesan como murallas invisibles.
La diferencia es que ahora el feudo tiene Internet y señal 4G. Y algunos confunden conectividad con modernidad, cuando aún no hemos terminado de construir la República sobre la tierra.