En días pasados Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, expresó su profunda preocupación y oposición a las solicitudes de información de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a empresas sobre fijación de precios y ganancias. Argumenta que estas indagaciones exceden las facultades legales de la SIC, al inmiscuirse en estructuras de costos y políticas comerciales. “La ANDI reafirma que la protección del consumidor colombiano constituye un elemento esencial dentro de nuestro orden jurídico; sin embargo, su ejercicio debe realizarse de manera proporcional y bajo el estricto respeto de los demás derechos constitucionales y legales de los particulares”, dijo Mac Master.
La ciencia pierde cada vez que una niña se rinde
Cristina Osorio Del ValleAl analizar las anteriores declaraciones, consideramos que a las entidades del Estado encargadas de la protección al consumidor, por el contrario, les hace falta mayor efectividad en su gestión de vigilancia y control ante el sector empresarial, como sucede con el transporte aéreo, donde se ofrecen promociones que bajan los costos de los tiquetes aéreos, pero al final terminan siendo un engaño, ya que endosan al total de los gastos del equipaje, escogencia de asientos y otros seguros, como si el pasajero debiera viajar exclusivamente con lo que lleva puesto.
Evidencia es lo que nos sucedió a este servidor y mi esposa al viajar en vuelo directo desde la ciudad de Cartagena a Medellín el 29 de diciembre del 2025 con regreso el 3 de enero del 2026 en la aerolínea JetSmart, donde nos ofrecieron el valor total de dos pasajes ida y vuelta por $650.000 con posibilidad de llevar equipajes de 10 kg cada uno y al final tuve que pagar $1.400.000 y en el aeropuerto de Crespo me tocó cancelar la suma de $230.000 porque llevamos dos maletines que pesaban 10 kg, pero tenían rueda. De igual forma, al regresar, pagué por los mismos maletines $180.000 para un costo final del viaje de $1.810.000 saliendo en $452.500 cada trayecto.
Lo expuesto es un problema que se debe solucionar, como también lo manifestó en 2025 la entonces ministra de Transporte María Fernanda Rojas, al opinar: “No es posible que un tiquete a Cartagena cueste lo mismo que uno a Miami”. Las empresas de transporte terrestre y aéreo deben tener un techo tarifario, con el fin de evitar cobros excesivos y proteger la economía de las familias colombianas. Un agravante al tema tratado es que posiblemente algunas empresas aéreas realizan los anuncios del valor de la promoción de tiquetes en monedas extranjeras.