En columnas anteriores he insistido en que la crisis de Getsemaní y del Centro Histórico no es solo social o cultural, sino también urbana y económica. La pérdida masiva de población residente ha debilitado la seguridad, la cohesión social y, paradójicamente, la sostenibilidad del propio turismo. La permanencia de comunidades en los centros históricos no es filantropía: es una condición para que sigan funcionando como barrios vivos y no solo como espacios de consumo turístico.
Con la aprobación del Plan Especial de Salvaguardia de la Vida de Barrio de Getsemaní (PES), la ciudad tiene la oportunidad de dar un paso más: pasar del diagnóstico a las propuestas concretas. El PES no es solo un documento declarativo; es una hoja de ruta que reconoce que, bajo las reglas actuales de mercado, la habitabilidad no se sostiene de manera espontánea.
Un primer eje es generar incentivos reales para la permanencia de los residentes actuales. En un contexto donde el suelo se valoriza por su potencial turístico, competir en igualdad de condiciones es imposible para los hogares tradicionales. Reducir o exonerar el impuesto predial para residentes permanentes, así como aplicar tarifas diferenciales en servicios públicos, no son privilegios: son estrategias para equilibrar una asimetría estructural evidente.
El segundo eje es alinear la normativa urbana aplicable con el objetivo de preservar la habitabilidad y promover el repoblamiento. El PES plantea articularse con los dos instrumentos que definen el futuro del Centro Histórico: el Plan de Ordenamiento Territorial, hoy en proceso de actualización, y el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), en su etapa final de formulación. Sin esa coherencia normativa, cualquier incentivo aislado será insuficiente.
El tercer eje es apoyar iniciativas privadas que ensayen modelos de repoblamiento viables. El proyecto La Resistencia de Getsemaní se plantea como un piloto que busca demostrar que es posible ofrecer vivienda digna y asequible, de manera sostenible y de largo plazo, en un entorno patrimonial de alta presión inmobiliaria. No se trata de una solución única ni replicable automáticamente, pero sí de una señal: sin la participación del sector privado, alineada con objetivos públicos y comunitarios, el repoblamiento seguirá siendo solo un sueño.
El mensaje de fondo es simple. Los cambios sociales que necesita el Centro Histórico no ocurrirán solos. Requieren legislación, incentivos económicos y una visión de largo plazo que entienda que proteger la habitabilidad no es ir contra el desarrollo, sino garantizar su viabilidad futura. El PES abre esa conversación. En las próximas columnas, vale la pena entrar en detalle en cada uno de estos ejes y discutir cómo convertirlos en políticas efectivas para Cartagena.