El salario mínimo legal vigente (SMLV) en Colombia, cuyo aumento del 23,7% para el 2026, ha marcado un hito en la historia económica reciente del país. Para muchos, esta cifra representa un acto de justicia social y una respuesta al encarecimiento del costo de vida. Sin embargo, desde mi perspectiva, también abre una puerta a inquietudes profundas sobre su impacto real en el tejido productivo y en el mismo trabajador que busca proteger y podría obedecer a un deseo político de ganar adeptos en las próximas elecciones.
Las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el corazón de la economía nacional, operan con márgenes estrechos y una capacidad limitada para absorber incrementos súbitos en sus costos. Cuando el valor de la mano de obra se eleva de forma tan pronunciada, el costo de producción crece inevitablemente. En un mercado donde el consumidor no siempre puede asumir un aumento equivalente en el precio final del producto o servicio, esta presión se convierte en una carga difícil de sostener.
En ese escenario, el empresario se ve obligado a tomar decisiones dolorosas: reducir su nómina, aplazar inversiones o, en el peor de los casos, cerrar sus puertas.
Paradójicamente, el trabajador, que en principio se beneficia de un salario más alto, podría verse afectado por una menor oferta de empleo o por la informalidad como alternativa de supervivencia para muchos negocios.
No se trata de negar la importancia de un salario digno ni de desconocer las necesidades de quienes dependen de él para sostener a sus familias. Más bien, la reflexión apunta a la compleja balanza entre bienestar social y sostenibilidad económica. Un aumento salarial que no vaya acompañado de medidas para fortalecer la productividad, aliviar la carga tributaria o apoyar a los pequeños empleadores corre el riesgo de generar efectos contrarios a los deseados.
En este año marcado por el clima electoral y la cercanía de las elecciones presidenciales, esta decisión también invita a una lectura más amplia. Para algunos, el incremento puede interpretarse no solo como una medida económica, sino como un gesto con una fuerte carga simbólica y política.
Surge entonces la inquietud de si pesó más el impacto inmediato en la opinión pública que la construcción de una política laboral de largo plazo, capaz de generar beneficios sostenibles tanto para el trabajador como para quien genera empleo.
Así, el debate sobre el salario mínimo trasciende la cifra y se convierte en una pregunta más profunda: ¿cómo construir un modelo en el que el trabajador prospere sin que el empresario se ahogue, y en el que la economía crezca sin dejar a nadie atrás? Tal vez la respuesta no esté en un solo número, sino en una visión integral que comprenda tanto la dignidad del trabajo como la fragilidad de quienes generan empleo y no en una decisión de sesgo político.