La eliminación de la prima mensual que reciben los congresistas, cercana a los $15 o $17 millones, ha sido presentada por el Gobierno Nacional como una decisión de austeridad y equidad. No obstante, al revisar las cifras y el contexto político en el que se adopta la medida, surge una pregunta inevitable: ¿estamos ante una política fiscal responsable o frente a un mensaje de castigo político a un Congreso que no aprobó las principales reformas del Ejecutivo?
Desde el punto de vista fiscal, el impacto es reducido. Incluso eliminando completamente esta prima para los 296 congresistas, el ahorro anual estimado se ubica entre $50.000 y $55.000 millones. Esta cifra resulta marginal frente a un Presupuesto General de la Nación que supera los $500 billones y a un déficit fiscal cercano al 5% del PIB. No es una decisión que modifique estructuralmente las finanzas públicas ni que represente un alivio significativo para la caja del Estado.
La selectividad de la austeridad se hace más evidente cuando se compara este ahorro con otros gastos del Gobierno que han sido ampliamente cuestionados. Solo el crecimiento de los contratos de prestación de servicios en entidades del orden nacional ha representado incrementos anuales superiores a los $300.000 millones. A esto se suma el aumento del gasto en funcionamiento de algunos ministerios y nuevas entidades, que, en conjunto, ha superado los $1,5 billones adicionales en los últimos presupuestos. El rubro de comunicaciones, logística y eventos institucionales, por su parte, ha registrado apropiaciones cercanas a los $200.000 millones anuales.
Frente a estas cifras, el recorte a la prima de los congresistas resulta más simbólico que efectivo. El problema no es debatir si los salarios del Legislativo deben ajustarse, discusión que es válida y necesaria, sino el momento en que se adopta la decisión. Esta ocurre después de que el Congreso negara o modificara reformas estructurales como la laboral, la pensional y la de salud, lo que refuerza la percepción de que se trata de una represalia frente al disenso.
En una democracia, el Congreso no está diseñado para actuar como una instancia automática de aprobación del Ejecutivo. Su función constitucional es deliberar, corregir y ejercer control político. Castigar el desacuerdo debilita la separación de poderes, erosiona la confianza institucional y envía una señal negativa sobre la estabilidad de las reglas de juego.