No dragar el Canal del Dique no es una omisión técnica ni un simple retraso administrativo: es una irresponsabilidad histórica. Las consecuencias no serían hipotéticas ni lejanas; serían inmediatas, previsibles y profundamente dolorosas para Cartagena, los municipios ribereños y todo el Caribe colombiano.
El Canal del Dique es una arteria vital. Cuando no se mantiene, deja de ser solución y se convierte en amenaza. La acumulación de sedimentos eleva el riesgo de desbordamientos e inundaciones, como ya lo hemos vivido. Miles de familias quedarían expuestas a perderlo todo: viviendas, cultivos, animales y medios de subsistencia. No es un escenario de miedo, es un antecedente comprobado que el país no puede seguir ignorando.
El impacto ambiental sería devastador. La Ciénaga de la Virgen, la Bahía de Cartagena y otros cuerpos de agua continuarían recibiendo toneladas de sedimentos, residuos y contaminantes. Esto acelera la degradación de manglares, afecta la pesca artesanal y rompe el equilibrio de ecosistemas estratégicos. Sin dragado, el daño ambiental se profundiza y con él la inseguridad alimentaria de comunidades enteras que dependen del agua para vivir.
El golpe económico tampoco es menor. Cartagena depende de su bahía para el turismo, el comercio exterior y la actividad portuaria. Un canal colmatado reduce la navegabilidad, encarece las operaciones logísticas, afecta la competitividad y pone en riesgo empleos directos e indirectos. Cada día sin dragado es un día de pérdida silenciosa para la ciudad y para el país.
Pero quizá el daño más grave sea el social. La falta de decisiones oportunas, tomadas sin diálogo social, profundiza la desconfianza y la desigualdad. Iniciativas como las que promueve la Fundación Diálogo Social son fundamentales para convocar a las comunidades ribereñas, los gremios, la academia y las autoridades a sentarse, escuchar y construir soluciones conjuntas. Sin diálogo social no hay legitimidad, y sin legitimidad no hay sostenibilidad.
Dragar el Canal del Dique no es un lujo ni un capricho político. Es una decisión de protección humana, ambiental y económica que debe surgir del consenso y la responsabilidad colectiva. El Canal del Dique no necesita más diagnósticos ni promesas: necesita acción, diálogo social y voluntad política, ahora.
Desde el inicio del actual gobierno, tanto el alcalde de Cartagena como el Gobernador de Bolívar manifestaron su respaldo al Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, reconociendo su importancia estructural para la mitigación del riesgo climático, la protección ambiental y el desarrollo sostenible de toda la región. No obstante, cuando se esperaba el inicio de acciones concretas, decisiones administrativas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la ANLA introdujeron nuevos requisitos, como la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental orientado a la obtención de una Licencia Ambiental, a pesar de que desde 2022 ya se contaba con un Instrumento de Gestión Ambiental y un Plan de Manejo Hidrosedimentológico debidamente estructurado.
El llamado que hoy se eleva es respetuoso, pero firme. Señor presidente, este es el momento de asumir directamente el liderazgo del Proyecto del Canal del Dique.