La negociación del salario mínimo y vital hace parte de una lucha de intereses de clase en la distribución de la riqueza, que implica el avance o retroceso no solo del poder adquisitivo, sino de la igualdad y justicia social.
El salario mínimo no es un costo, sino un instrumento de justicia social y reactivación económica, parte fundamental de la generación de la riqueza en donde la fuerza de trabajo es fundamental y el derecho del pueblo trabajador a vivir con dignidad.
Se desarrolla el artículo 53 Constitución Política de 1991, que consagra el principio del salario mínimo vital y móvil, el concepto de salario vital ha sido respaldado por estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre ingresos dignos.
No existe evidencia concluyente que relacione incrementos del salario mínimo vital con destrucción de empleo y afirman que, por el contrario, en estos 3 años, el aumento del ingreso ha fortalecido el consumo interno y dinamiza la economía nacional.
Frente al debate inflacionario, está demostrado que la inflación responde en mayor medida a decisiones empresariales, a la inflación de los productores y a factores estructurales como combustibles, intermediación financiera y rentas monopólicas.
Las centrales obreras y confederaciones de pensionados anunciaron una movilización nacional para el miércoles 28 de enero de 2026, en defensa del decreto del salario mínimo vital, ley reforma pensional, la reforma tributaria de emergencia.
La convocatoria plantea concentraciones simultáneas frente a los palacios de justicia en todo el país, a partir de las 10 a. m., como respuesta directa a las demandas judiciales de la ultraderecha que buscan anular la decisión del Gobierno.
Están en curso varias demandas que pretenden anular el aumento del salario mínimo vital, el decreto de emergencia económica, la ley de reforma pensional, interpuesta por sectores de la extrema derecha colombiana, utilizadas como campaña política.
El Gobierno afirmó que no se trata de una innovación normativa ni de una imposición ideológica, sino la aplicación tardía de un principio constitucional, que ha sido ignorado por gobiernos anteriores en favor de intereses económicos concentrados.
Estas manifestaciones pacíficas son unos mandatos constitucionales y legales, por el Estado Social de Derecho.
Las reformas sociales laborales, pensional, tributaria y el salario mínino vital tratan de recuperar los falsos positivos laborales y pensionales del uribismo.