Dentro de las distintas soluciones que pudieron darse para salvar la corrida de toros de Puente Piedra, esta fue cancelada; las formas usadas por el sindicato no fueron las mejores y la negativa irrevocable de la empresa, incomprensible. Soberbia de lado y lado. Una noticia así es desalentadora porque la falta de cohesión y comunicación es evidente en el sector, puntos claves que siguen latentes en esta grave crisis. Por un lado, la cancelación de una corrida por razones internas es un fracaso del sector, por el otro, observar la forma en que se vienen dando ciertos festejos en el país, con consecuencias claras a futuro, es preocupante, sobre todo cuando la suerte aún no está echada para el toreo en Colombia.
Ya vienen siendo varios los años en que hemos sido testigos de carteles en ferias grandes y festejos municipales en que se reverberan corridas con la totalidad de los diestros extranjeros.
Por ello es que el reclamo de la Unión de Toreros de Colombia (sin entrar a discutir su procedimiento) es legítima en sí si oscilamos entorno a principios fundamentales como la defensa del trabajador nacional, la solidaridad, la subsidiariedad y el bien común escolástico y propio de la Doctrina Social de la Iglesia Católica.
San Juan Pablo II en Laborem exercens muestra cómo el trabajo no debe ser tomado meramente como mercancía, sino que es una actividad que dignifica a la persona. Reclamar el legitimo puesto de un torero colombiano es, por más que lo señalen de proteccionista, salvaguardar la tradición cultural que pertenece a la comunidad nacional y, lo más importante, defender a dicho trabajador, hijo de su tierra, ante la exclusión sistemática por razones puramente económicas.
La Iglesia además dice que “cada comunidad tiene una responsabilidad particular con sus propios miembros”. Este es un principio patriótico, un deber moral y la base de la solidaridad, solidaridad que debe existir entre asociaciones de trabajadores y empresarios, ninguno sin mayor demanda de esta que otro.
Es así que surge la conocida subsidiariedad, donde en la comunidad ningún agente debe ahogar al otro. Exigir un torero colombiano en un festejo taurino no es desproporcionado, no impide el evento, no cercena la actividad empresarial: exigir el mínimo social no es un pecado.
Usar procedimientos non sanctos para impedir el festejo o evitar sin razón la participación colombiana, sí. La libertad económica no puede quedar exenta de las reglas, pues las reglas y contenciones morales o éticas son su forma.
La moral en la economía, antípoda del dogma liberal laissez-faire, es un principio fundamental defendido siempre por los pensadores conservadores. Laureano Gómez reiteraría en los años 40 que “la libertad económica absoluta es una quimera que conduce a la opresión de los débiles”. Trabajar por este principio es trabajar por el bien común, es decir (como lo entendió Santo Tomás de Aquino) alcanzar el orden justo de la vida social.
La Colombia taurina vive tiempos escatológicos alentados por decisiones nada favorables a nuestra condición. También ha ido perdiendo, poco a poco, su condición social y su espíritu del deber caballeresco, deber que no necesita de las normas positivas para evaluar lo que es o no justo, sino que es suficiente la costumbre, o la conciencia, para trabajar y ejecutar en busca del bien común. Esta es una columna de un conservador que cree en la importancia orgánica de los sindicatos de trabajadores, así como lo creyó León XIV, Primo de Rivera, Laureano Gómez y el Padre Campoamor, pero también en que a los empresarios nacionales no debe volvérseles el camino más difícil, como también los ilustres lo pensaron. Esperemos que esta horrible noche torne en malva y luz pronto, y que la justicia no sea impedimento para que haya un futuro.