Bien es sabido que los pilares de la democracia son la libertad, la igualdad y la justicia, sostenidos por instituciones sólidas en las que operan pesos y contrapesos, división de poderes y elecciones libres, propias de un verdadero Estado de derecho. En ese marco, resulta necesario analizar desde ahora, si existen riesgos reales frente a las próximas elecciones, previstas para comienzos de marzo de 2026.
Esta semana, en los límites entre Brasil y Venezuela, en un sector irónicamente llamado La Paz, de la vereda Kuwait, quedó en evidencia la crudeza de una guerra que se libra por el control de las rutas del narcotráfico hacia el sur. Los hechos ya no sorprenden: estas tragedias se han vuelto tan manoseadas, que ya se observa insensibilidad por mucha parte de la población, el concepto de humanidad está dejando de existir, en el último enfrentamiento fueron asesinados cerca de 30 jóvenes, vestidos con camuflado. Todo indica que se trató de un choque entre dos estructuras armadas: una perteneciente a las disidencias de Iván Mordisco, con alrededor de 600 hombres, y otra ligada al grupo de Calarcá, que contaría con unos 850 combatientes.
En este territorio del Guaviare, el deterioro del orden público se profundiza día tras día. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios informó que 56 personas ya fueron registradas en situación de desplazamiento hacia el casco urbano de San José del Guaviare, cifra que contrasta con los datos de confinamiento: 14.434 personas en el departamento durante el mismo período.
Este panorama no es ajeno a lo vivido en regiones como el Catatumbo o el Chocó. La constante es la misma: actores armados que se enfrentan por el control de economías ilegales —como el oro o el narcotráfico— y que muestran un escaso respeto por el derecho internacional humanitario y por los derechos humanos de la población civil.
Dos días después de los hechos en Guaviare, el coronel Miguel Ángel Benítez reconoció que la Fuerza Pública aún no había llegado a la zona y que apenas se estaban ajustando los dispositivos para intentar penetrar un territorio bajo control ilegal. A las claras, la reacción institucional resulta lenta. Proteger a la población civil se convierte en una tarea insuficiente, mientras los conflictos armados se degradan a escalas mayúsculas y dejan al descubierto una inoperatividad militar preocupante.
Este contexto se vuelve aún más delicado de cara a unas elecciones que comienzan a perfilarse desde marzo. La Defensoría del Pueblo ha advertido que en 790 municipios hay presencia de grupos armados y que el 71 % de ellos cuenta con alertas tempranas activas. Figuras como los ceses al fuego o las zonas de ubicación temporal no han sido suficientes para disipar los riesgos.
A ello se suma la violencia política. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025 se recibieron 198 alegaciones de homicidios de líderes sociales. En promedio, ese año fue asesinado un líder cada dos días, principalmente en los departamentos del Cauca, Antioquia y Valle del Cauca.
No nos digamos mentiras: en vastas regiones del país los riesgos electorales son evidentes y amenazan la supervivencia misma de la democracia.
Los candidatos adelantan sus campañas y consultas, realizando esfuerzos mayúsculos por llegar a los votantes. Sin embargo, las difíciles condiciones de los territorios hacen que esa tarea se torne cada día más compleja. Lo que está en juego va más allá de una contienda política: está en juego el propio Estado de derecho. Corresponde al señor Presidente de la República, como jefe supremo de las Fuerzas Militares, actuar con firmeza, sin vacilaciones, para garantizar la libertad y el derecho a elegir y ser elegido. La situación no admite más dilaciones.
Adenda: En relación con la encuesta contratada por RCN, según la cual Iván Cepeda aventajaría en la intención de voto presidencial con un 30 % frente a un 22 % de Abelardo de la Espriella, conviene mantener la prudencia. Por ahora, nada de triunfalismos. La experiencia aconseja cautela.
Basta recordar la encuesta de octubre de 2021, de cara a las elecciones de 2022, publicada por la revista Semana en alianza con RCN, en la que Horacio Serpa, liberal, aparecía con un 41,2 % de intención de voto, muy por encima de Álvaro Uribe, que registraba un 23,4 %. Al final, Uribe, con su lema “Mano firme, corazón grande”, cuyas consecuencias marcaron de manera trágica buena parte de la historia de este país, resultó elegido presidente.
El progresismo deberá seguir trabajando con mayor intensidad, sin detenerse un solo día. Las palabras de Abelardo son elocuentes: el duelo ya está echado. Según sus propias expresiones: “Siendo consecuente con lo anterior, le pido encarecidamente a la manada, por enésima vez, que no se distraigan en discusiones estériles con otros candidatos y sus seguidores. El único enemigo es Cepeda; la pelea es con él, concentrémonos”.
No puede olvidarse que se trata del mismo abogado que en el pasado sostuvo que la ética nada tenía que ver con el derecho. Mañana podría afirmarse, con la misma ligereza, que tampoco la ética tiene relación alguna con la política.