Por: Tatiana Argote
A pesar de que la legislación laboral se erige en principios constitucionales y legales, en normas jurídicas compiladas en Leyes, Decretos y otros actos administrativos vinculantes, esto no ha sido suficiente para evitar que, de manera sistemática, exista la vulneración del principio de igualdad laboral, lo cual supone que todo trabajador en Colombia debe acceder al trabajo sin discriminación
Este fenómeno, contrario a extinguirse, se convierte en una condición permanente. Desde el pasado reciente se ha afirmado: “Rechazamos de manera contundente cualquier tipo de discriminación contra los trabajadores y aspirantes a un empleo; no vamos a tolerar muestras de exclusión y mucho menos obstaculización laboral, en especial para personas que se encuentren con algún tipo de discapacidad”, como dijo el entonces ministro del Trabajo Ángel Custodio Cabrera Báez el 8 de octubre de 2021 en Bogotá.
La igualdad laboral se acompasa con los principios de igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades y a trabajo igual, salario igual, y todos ellos han sido desnaturalizados por una discriminación laboral marcada entre las ciudades y regiones centralizadas y las regiones descentralizadas.
En vano, pues, cuando las entidades de nivel central -“Bogotá D. C.”- establecen las tarifas salariales y las tarifas para el pago de honorarios, debido a que en las regiones o en ciudades descentralizadas, como es el caso de Cartagena, no opera el respeto a esta remuneración, pero sí la discriminación y la desigualdad laboral, en tanto que en Bogotá un profesional especializado o de un nivel senior gana, por ejemplo, 8 SMLMV, el mismo profesional en la Costa recibe como remuneración, si acaso, el cincuenta por ciento de ese valor sin que medie justificación alguna y, si existe, es una falacia de tipo jurídica.
Cuáles serían las justificaciones razonadas para que exista tal diferencia de condiciones laborales entre un cachaco y un costeño, si legalmente no existen razones para esta disconformidad, salvo eso de creer que los cachacos están mejor preparados o tiene mayores ventajas académicas o intelectuales frente a los costeños.
En el Caribe contamos con personas intelectual y académicamente formadas, con disposición permanente de ser buenos profesionales, pero con la expectativa y el derecho a ser bien remunerados.
Es fundamental para un Estado social de derecho democrático y participativo respetar de verdad la norma superior que, en complemento con los principios generales del Derecho, propugnan por la igualdad de oportunidades laborales y profesionales para todos los ciudadanos, lo cual comienza por reconocer equivalente retribución a profesionales con títulos y experiencias similares, sin considerar que está en Bogotá o en Cartagena de Indias.