Vivimos en una sociedad compleja, saturada de conflictos y atravesada por un morbo casi adictivo frente a la forma en que estos se resuelven. En este escenario resulta alarmante que las propias instituciones judiciales, en su afán de mostrar resultados y obtener legitimidad social, adopten estrategias de marketing judicial. Esta práctica, lejos de fortalecer la confianza en la justicia, enciende la hoguera de un linchamiento mediático promovido desde el poder institucional.
Cuando un organismo de justicia emite comunicados de prensa en redes sociales para anunciar imputaciones, no se limita a informar, sino a señalar. Pone a una persona ante el tribunal de la opinión pública y produce una condena anticipada, algo así como un prejuzgamiento de ejecución inmediata que busca aceptación social a costa de la dignidad humana. El proceso se diluye, el espectáculo nace y la presunción de inocencia se convierte en la primera víctima.
Así se erige un juicio paralelo que termina afectando la independencia judicial. La presión de una opinión pública convencida de la culpabilidad puede permear, consciente o inconscientemente, las decisiones de los operadores de justicia. Es más, absolver a quien ya ha sido condenado mediáticamente se vuelve un acto impopular, casi subversivo. La sociedad, que no distingue los matices del derecho penal ni las complejidades de la prueba, dicta sentencias sin piedad sobre el presunto inocente, transformando una etapa inicial y precaria del proceso en un fallo inapelable.
Este afán de viralidad ignora que estar vinculado a un proceso penal es, en sí mismo, una tragedia personal, social y familiar. Deja de lado que la presunción de inocencia no es una abstracción jurídica, sino un pacto de respeto que debe ser garantizado, sobre todo, por quienes administran justicia y es cierto que el linchamiento puede atinar con el culpable, pero hay muchas posibilidades de tropezar con el inocente. No obstante, al exponer un caso al escarnio público se impone una sanción social anticipada.
La administración de justicia no es una empresa ni un producto destinado al consumo de las masas. Su legitimidad no se mide en aplausos, likes, ni titulares virales, sino en su fidelidad estricta a la ley, al debido proceso, a la prueba y a las garantías que protegen a toda persona. Cuando la justicia renuncia a ese mandato y se deja seducir por la aprobación mediática, traiciona su razón de ser y erosiona su propia autoridad moral.
Cuando el tiempo finalmente absuelve a quien ya fue fusilado, ninguna decisión judicial consigue restituir el honor devastado ni borrar el estigma impuesto. La absolución llega tarde, desprovista de eco y de reparación, escoltada por un silencio institucional que no es inocente ni neutral. Ese silencio es la prueba más elocuente de una herida abierta, persistente y profunda en el corazón mismo del Estado de Derecho.
*Abogado.