Haber criticado el alza de 23% del salario mínimo no me convierte en un neoliberal enemigo de los trabajadores. Es una opinión que se deriva de la convicción de que no hay reglas universales para las políticas económicas que sean aplicables en todas partes y en cualquier momento. Por el contrario son como una medicina y las hay eficaces, probadas y necesarias, pero ningún médico serio las recetaría sin diagnóstico ni ajusta la dosis ignorando el estado del paciente.
El incremento del salario mínimo es una medicina potente contra males como la pobreza y la concentración del ingreso, y soy de la opinión que su aumento real en los años pasados fue benéfico para los trabajadores y para la economía; pero incluso el mejor medicamento puede ser dañino si se administra sin diagnóstico o en dosis excesivas.
El problema tiene que ver con el contexto, es decir con el estado general de salud del paciente, porque en determinadas circunstancias un medicamento bueno puede no ser conveniente para una persona. Un ejemplo de estos efectos cruzados son los antiinflamatorios que son útiles para disminuir el dolor, pero si la persona tiene gastritis o deficiencias renales no se le pueden recetar.
Hay por lo menos cuatro enfermedades económicas que hacen desaconsejable un alza del 23% del SMLV: uno, el enorme déficit fiscal, porque al aumentarlo no solo sube la nómina estatal, sino otras rubros del gasto pública como el subsidio a la pensión mínima o los gastos en salud. $7 billones es el incremento del déficit fiscal que estima el ministro de hacienda.
Dos, la revaluación del peso porque con un dólar barato y la invasión de productos chinos una parte del aumento de la demanda se va a destinar a comprar bienes importados y no de producción nacional. El resultado, un mayor déficit comercial y de balanza de pagos en una economía que ya tiene una alta vulnerabilidad externa.
Tres, en la medida en que todavía existen muchos bienes y servicios atados al SMLV, se va a incrementar las presiones inflacionarias, lo que llevará al Banco a aumentar su tasa de interés, con el consiguiente impacto de un menor crecimiento económico.
La última es el alto grado de informalidad. Con más de la mitad de la fuerza laboral sin contrato formal de trabajo ni prestaciones sociales, y solo un 10% de los trabajadores recibiendo el salario mínimo, mover esta variable deja más perdedores que ganadores, con lo cual el remedio resulta peor que la enfermedad porque no reduce la pobreza general ni mejora la calidad de vida de la mayoría de la población.
El debate económico serio no es estar “a favor” o “en contra” de un aumento del salario mínimo, Es aceptar que, como cualquier medicina, exige diagnóstico y dosis adecuada. Ignorar eso para oponerse a cualquier aumento real del SMLV no es ortodoxia económica; apoyar el 23% no es progresismo. Ambas posiciones son mala práctica.