Conforme con el reciente informe del International Institute for Strategic Studies (IISS), un reputado centro de pensamiento en seguridad y geopolítica, resumido en noticia publicada por Valora Analitik, de donde tomamos la información, América Latina está viviendo una transformación profunda en su economía criminal.
En la percepción tradicional, las bandas delincuenciales nutren sus arcas del narcotráfico, el tráfico de armas y de la minería ilegal; pero, según el IISS, lo que no riñe con la observación común y de otros analistas, también perciben sus ganancias de otros negocios, algunos de estos en los mercados lícitos, “con múltiples líneas de negocio, alcance transnacional y una alta capacidad de adaptación”.
Estos grupos han logrado alianzas internacionales que les permiten lograr nuevas fuentes de ingresos, lo que a su vez se traduce en una creciente incidencia sobre las economías y los Estados latinoamericanos.
Conforme a lo difundido por Valora Analitik, el narcotráfico ya no es el único motor económico de estos grupos ni necesariamente el más importante, debido a los cambios en las realidades del consumo de drogas en Estados Unidos, donde se ha reducido el consumo de cocaína a cambio de drogas sintéticas (fentanilo, metanfetamina y otras), lo que viene alterando de forma estructural la economía del crimen, al proporcionarle a las organizaciones criminales mayor rentabilidad, menor exposición y más flexibilidad operativa por la estructura más simple, económica y menos riesgosa de los procesos de producción y distribución de estas drogas.
El control territorial por parte de las bandas criminales, por cesión de soberanía de los Estados latinoamericanos, ha propiciado la expansión, en poblaciones vulnerables, de la extorsión, la trata de personas, el contrabando y la minería ilegal; y aunque las férreas políticas migratorias del Gobierno de EE.UU. han reducido ese fenómeno hacia Norteamérica, se están abriendo nuevas rutas con la consecuente reformulación de sus esquemas de cobro.
La interacción de estos grupos con gobiernos corruptos y empresarios sin escrúpulos están dando como resultado “un ecosistema criminal altamente adaptable, que mueve recursos comparables con los de grandes economías formales”, lo que “distorsiona mercados, eleva costos de operación, reduce la competencia y debilita las instituciones” en la medida en que “con la entrada de dinero ilegal en la economía formal, compiten en condiciones desiguales y erosionan la confianza de inversionistas”.
Está haciendo falta un estudio sesudo y completo sobre lo que significa el ‘aporte’ de las economías ilícitas, tanto las que conservan los esquemas visiblemente ilegales, como las que han adoptado los legales; quién sabe cuánto explicaría por qué, a pesar del desbarajuste de las finanzas públicas, la economía sigue a flote.