La decisión sobre el salario mínimo tiene repercusiones sobre las finanzas públicas que no siempre son tenidas en cuenta. En varias ocasiones he planteado que los salarios tienen una doble función en la economía: son uno de los costos de producción que pueden inducir inflación, pero también determinan la capacidad adquisitiva de los trabajadores, la demanda agregada y el crecimiento de la producción y el empleo.
En los últimos años ha sido más fuerte el segundo efecto, pues los precios han subido menos que el salario mínimo y ha bajado el desempleo, a la vez que ha aumentado el consumo. No siempre es así y, aunque en general pienso que es una política progresista adecuada que el salario mínimo se aumente por encima de la inflación, no se puede exagerar pretendiendo que su aumento triplique la variación del IPC.
En cuanto a las finanzas públicas, es evidente que subir el salario mínimo implica un aumento del gasto público, una parte del cual no solo es innecesario sino que contribuye a la desigualdad social pues acaba beneficiando a quienes no lo necesitan.
El problema no está en los empleados públicos que ganan cerca del mínimo, pues no hay duda de que ellos deben recibir el mismo aumento, aunque de nuevo el contexto debe tenerse en cuenta en la decisión, pues no es lo mismo tener que aumentar el gasto cuando hay equilibrio fiscal que cuando el déficit fiscal es del 7% del PIB.
Lo que sucede es que el aumento del salario mínimo es un punto de referencia en las negociaciones con los sindicatos públicos que presiona la subida de toda la escala salarial del sector público, hasta los niveles más altos, como los congresistas o magistrados, que tienen ingresos mensuales cercanos a 38 salarios mínimos, es decir, personas que no son pobres, ni vulnerables, y que para mantener su capacidad adquisitiva solo necesitarían incrementos iguales a la variación del IPC.
El origen del problema es la norma constitucional que obliga a que el salario de los congresistas debe ajustarse anualmente en proporción al aumento promedio de los salarios del resto del sector público. Por eso se han duplicado en la última década pasando de 26 a 52 millones de pesos mensuales.
El impacto fiscal del aumento del salario mínimo se puede disminuir si se desligan de esta decisión los incrementos salariales del resto del sector público y sobre todo los de los funcionarios cuyos salarios no son tan mínimos.
*
ADENDA: La semana pasada expliqué por qué atar el precio de la vivienda VIS al salario mínimo ha generado un enorme margen de utilidad adicional, pues los costos de construcción de la VIS han crecido mucho menos. Varios constructores me señalaron con razón, que parte de ese margen se queda en los bancos, pues los costos financieros tienen una incidencia grande en los proyectos y no están incluidos en el índice de costos del DANE.
*Economista.