Epígrafe
“La igualdad es el primer paso para erradicar la violencia”, Ruth Bader Ginsburg.
De nuevo, las noticias no son las más halagüeñas. A través de los medios de comunicación se pone sobre el tapete el gravísimo problema de cómo trabajan muchos jueces, fiscales y empleados judiciales en el país, especialmente las funcionarias de la Administración de Justicia.
Conozco el caso de un funcionario judicial, superior de varios empleados, que los obliga a laborar diariamente hasta las ocho de la noche o más tarde, según el volumen de trabajo o el temperamento con el que amanezca el diligente operador judicial. Como este, son muchos los casos que se evidencian en el país. En algunos despachos, la congestión galopante de procesos continúa siendo abrumadora. Con poco personal deben enfrentar miles de expedientes para cumplir las metas impuestas por los órganos directivos de la Fiscalía o por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
A ello se suman los términos perentorios para resolver acciones de tutela, so pena de investigación disciplinaria. La verdad sea dicha, los centros de atención a los usuarios no dan abasto y, además, están mal diseñados.
Los cambios permanentes en las plataformas virtuales, tanto para informar al público como para realizar audiencias, han trastornado la administración de justicia. La tecnología sigue siendo ausente o precaria en numerosos municipios del país, y las caídas de los sistemas son frecuentes.
Mientras tanto, el Gobierno Nacional le propina un enorme tijeretazo al rubro asignado a la Rama Judicial. Se recuerda: fueron 16 billones de pesos los solicitados; finalmente se asignaron 11,6 billones y luego sobrevino otro recorte cercano a 700 mil millones. ¿Cómo pretende entonces un gobierno que ya está de salida que se cumpla el mandato constitucional de una justicia pronta, cumplida y eficaz?
El caso de la doctora Vivian Polanía, jueza de Cúcuta, merece una reflexión analítica profunda. Las exigencias laborales que recaen sobre las mujeres en la administración de justicia, de facto, son mayores. Muchas son madres cabeza de familia y enfrentan jornadas extensas y procesos por delitos de extrema gravedad, donde no pocas veces su seguridad flaquea, con sacrificios evidentes en el ámbito familiar.
Persisten miradas de desconfianza y severidad. No es un secreto que sobre muchas juezas y empleadas pesan acosos laborales y sexuales que, en no pocos casos, quedan sin investigación ni sanción. La misoginia, lejos de retroceder, avanza silenciosamente en distintos escenarios institucionales.
La escena del hallazgo sin vida del cuerpo de la doctora Vivian Polanía fue profundamente impactante. A su lado, su hijo, de apenas dos meses de nacido, presentaba inicios de desnutrición. El esquema de seguridad asignado deja interrogantes delicados y serios. La última llamada registrada en su teléfono fue a su agente de protección el 16 de diciembre a las ocho de la noche, y solo hasta el 17 de diciembre, a las cinco y cincuenta de la tarde, fue encontrada la jueza sin ningún hálito de vida. Habían transcurrido más de veintiuna horas sin una respuesta efectiva del agente asignado para su protección… ¿dónde estuvo la protección institucional durante todo ese tiempo?
Desde esta orilla acompañamos a su familia, a sus compañeros de trabajo, a la Asociación Colombiana de Mujeres Jueces, a la Comisión Nacional de Género y a sus comisiones seccionales, y en general a todas las mujeres juezas, fiscales y empleadas judiciales del país.
La muerte de la doctora Vivian Polanía debe convertirse en un punto de reflexión nacional. Exigir políticas claras para la protección de la salud mental de estas mujeres y un replanteamiento serio de las condiciones en las que ejercen su función es inaplazable. Hablar de dignidad con enfoque de género y de respeto institucional para con las mujeres debe ocupar un lugar central en la agenda pública. Solo así se reconocerá el papel esencial de estas féminas que, con su trabajo silencioso y denodado, sostienen una de las funciones más importantes del Estado.
La dignificación de las mujeres juezas no es una concesión: es una deuda.