Se ha conocido un proyecto de decreto que busca modificar el Registro Nacional de Turismo (RNT), introduciendo cambios en la habilitación de prestadores al pasar de un sistema declarativo a uno que incorpora, de manera inmediata, nuevos requisitos de validación. La intención de fortalecer la formalización es legítima, pero el diseño normativo requiere especial cuidado para no afectar a pequeños oferentes que hoy dinamizan la economía turística mediante plataformas digitales.

Foro Económico Mundial ante sus horas decisivas
RICARDO VÉLEZ BENEDETTISegún la Asociación Colombiana de Informática, Sistemas y Tecnologías Afines (ACIS), estas plataformas facilitan la llegada de visitantes a más de 600 municipios y aportan a los más de siete millones de viajeros internacionales que recibe el país al año. Cifras de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) señalan que el alquiler turístico ha generado más de 215.000 empleos y cerca de USD 554 millones al PIB. Además, por cada USD 10 destinados al alojamiento se producen USD 48 adicionales en gastronomía, comercio y transporte. Más del 95 % de los anfitriones están registrados en el RNT, lo que evidencia un ecosistema mayoritariamente formalizado. En Cartagena, según Planeación Distrital, existen 8.171 propiedades inscritas.
En el ámbito internacional, varios países han optado por modelos más graduales y territorialmente diferenciados. La Unión Europea adoptó en 2024 un marco que armoniza el registro de alquileres de corta duración y exige el intercambio de datos entre plataformas y autoridades, con plazos de implementación de hasta dos años. Portugal, por su parte, aplica zonas de contención donde se restringen nuevas licencias solo en áreas específicas, manteniendo la operación en otras donde la actividad turística aporta al desarrollo local. Estas experiencias muestran que es posible actualizar la normativa sin interrumpir abruptamente un ecosistema que genera empleo y dinamismo económico.
Con este contexto, es pertinente reflexionar sobre la operatividad de los cambios propuestos. Requisitos como la integración inmediata de las plataformas con sistemas estatales o la habilitación del servicio según el Plan de Ordenamiento Territorial (muchos formulados antes de la existencia de estas plataformas) podrían generar fricciones y vacíos que afecten la competitividad del sector y la inclusión económica de miles de hogares.
Las plataformas digitales cumplen un papel central en servicios cotidianos. En el alojamiento de corta estancia han diversificado la oferta, ampliado alternativas en territorios con baja infraestructura hotelera y habilitado ingresos complementarios para numerosas familias. Reconocer su aporte implica diseñar una regulación moderna y equilibrada que preserve la seguridad del viajero y mantenga un ecosistema que impulsa el desarrollo turístico del país.
Las opiniones aquí expresadas no comprometen a la UTB ni a sus directivos.
