La elección de contralor o contralora de Cartagena volvió a enredarse este año entre suspensiones, denuncias por supuestas irregularidades y la renuncia de una de las ternadas. La Contratopedia Caribe identificó, al menos, tres movidas que se leen como estrategia política de un sector del Concejo y del clan Blel -en cabeza del exsenador Vicente Blel Saad, condenado por parapolítica- para frenar ese proceso.
La primera movida fue la deslegitimación de la ternada que obtuvo el mejor puntaje. El 19 de noviembre, la Universidad de Cartagena publicó los resultados de la evaluación: Yadira Morales encabezó con 81,7%, seguida por Rafael Vera (78,9%) y Martha Turizo (77,1%). Esta última con guiño de los Blel.
Dos días después, el veedor Pablo Bustos denunció que Morales no había entregado su certificado de antecedentes disciplinarios y advirtió que, si la elegía, el Concejo podría incurrir en la comisión de delitos.
Esas declaraciones, de quien en el pasado ha debido retractarse por señalamientos contra congresistas por falta de pruebas, fueron amplificadas por varios medios locales y nacionales. Morales las desmintió y aseguró que sí presentó el documento exigido, pero lo dicho por Bustos sembró dudas sobre su candidatura.
La segunda movida fue la intención de cambiar la fecha de elección. El cronograma fijaba la conformación de la terna para el 20 de noviembre y la elección para el 28; pero ese mismo 20, la mesa directiva -liderada por Rafael Meza, con respaldo de Luz Marina Paria y William Pérez- intentó aplazar el proceso hasta el 2 de diciembre, alegando trámites pendientes en la Universidad de Cartagena. Tanto Meza como Paria tienen conocidos vínculos con los Blel
La propuesta de Meza fue rechazada por 12 concejales y la elección quedó programada para el 30 de noviembre; pero en esa fecha ocurrió la estocada final para que ese día no se eligiera contralor o contralora: la renuncia de Turizo.
Justo antes de la votación, el secretario del Concejo leyó la renuncia irrevocable de Turizo, cuya trayectoria ha estado marcada por apoyos de casas políticas cuestionadas. En 2019, La Silla Vacía la registró como cuota del senador Lidio García en el gobierno de Dumek Turbay. Después se acercó más a los Blel y durante la administración de Vicente Blel Scaff pasó por varias dependencias, entre ellas las secretarías de Desarrollo Rural y de Minas.
Esta cadena de tropiezos recuerda la prolongada interinidad que vivió la Contraloría entre 2016 y 2023, tras la elección irregular de Nubia Fontalvo, un episodio de corrupción que salpicó a varios concejales.
Ahora, con la convocatoria a extras, el Concejo tiene la posibilidad de destrabar la elección; pero lo ocurrido deja una foto clara: mientras el control fiscal siga supeditado a intereses personales que operan dentro y fuera del recinto, Cartagena seguirá con órganos de control funcionales a los mismos poderes que debería vigilar. Y esa factura no la pagan los concejales, la paga la ciudad.
*Columna escrita a cuatro manos con el periodista Antonio Canchila, ambos fundamos La Contratopedia Caribe.