Como se recordará, esta vez, a diferencia de lo acaecido en 2024, el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia de 2026, evitando así el decretazo con el que amenazaba el Ejecutivo para su expedición, como ocurrió con el PGN de la actual vigencia. El monto original propuesto por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, fue de $556.9 billones, pero al final se aprobó por parte del Congreso $546.9 billones, luego de que el ministro Ávila, ante su reticencia, accediera a reducirlo en $10 billones. De esta manera, el desfinanciamiento del presupuesto, calculado en $26.3 billones, aunque para el Comité independiente de la Regla fiscal (CIRF) superaba los $40 billones, se tornaba en los $16.3 billones.
Foro Económico Mundial ante sus horas decisivas
RICARDO VÉLEZ BENEDETTISegún el ministro Ávila, “un 75% de la Cámara y un 65% del Senado aprobaron un presupuesto que explícitamente convocaba al Gobierno a presentar esa Ley”, refiriéndose al proyecto de ley de financiamiento, que es como ahora denominan las reformas tributarias para hacerlas más digeribles a la opinión pública. Dicho de otra manera, el ministro asumió que si se había aprobado por parte del Congreso dicho presupuesto, a sabiendas de su desfinanciamiento del orden de los $16. 3 billones, se obligaba a aprobarla sin reparo. Pero el Congreso desoyó los ruegos del ministro y hundió el proyecto de marras. Y no propiamente porque ello sea, como sostuvo el ministro Ávila, una “vendetta contra el Gobierno” y mucho menos que su desaprobación por parte del Congreso “no es un voto en contra del Gobierno Petro, es un voto en contra de las regiones, es un voto en contra de la inversión”.
La reacción del ministro Ávila no se hizo esperar, para él “con en la fábula del Quijote, la razón de la sin razón, era prácticamente imposible hacer ver a este pequeño núcleo de senadores las complicaciones para el equilibrio fiscal del país de no tener en cuenta esta ley de financiamiento”. No obstante, a juicio del Director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, no se justifica esta recriminación del ministro al Congreso, pues “resulta insostenible argumentar que una afectación del 3%”, que es lo que representan los $16.3 billones con respecto al monto total del presupuesto aprobado, “comprometa la estabilidad fiscal o la sostenibilidad del gasto público”.
Lo que procede en este caso -y es lo que no quiere el Gobierno- es que, como lo afirma Mejía, “estos recursos deberán ser ajustados mediante un recorte presupuestal”. En ello coinciden los expertos y analistas, en que el Gobierno debe apretarse el cinturón, reducir el gasto, que sigue desbordado, sobre todo el que absorbe la frondosa burocracia. A guisa de ejemplo, bastaría con ponerle un torniquete para contener el gasto en la nómina paralela, que tanto dice abominar este gobierno, para ahorrarse los $4.87 billones que le costaron a la Nación los 101.120 nuevos contratos mediante órdenes de prestación de servicios (OPS) temporales en 2025.
La única forma de balancear los ingresos y los gastos es evitando la inflación presupuestal, ya sea por la vía de arbitrar mayores recursos, lo que quedó descartado con el archivo del proyecto de ley de financiamiento, o mediante el recorte del gasto, descartado por el Gobierno.
Para el presidente Petro, “hay un hecho sobreviniente si el Congreso rechaza la Ley de financiamiento” que justificaría la declaratoria de la Emergencia económica, ¡pero su hundimiento era un hecho previsible!