La reglamentación del Sistema Nacional de Planeación (SNP), anunciada por el DNP, pasó casi inadvertida. Pero en realidad es uno de los cambios más importantes para la vida democrática del país en los últimos años. Durante más de 30 años, Colombia ha hablado de participación ciudadana, pero no se había definido con precisión cómo debía funcionar ese sistema que permitiría a la gente influir de verdad en las decisiones públicas. La participación, aunque declarada, ha estado fragmentada, débil, dependiente de la voluntad del gobernante de turno y sin un marco estable que obligara al Estado a escuchar y responder. Por eso este decreto es tan significativo: no crea la participación, pero por fin le da una columna vertebral. Establece quiénes participan, cómo lo hacen, qué funciones tienen los Consejos de Planeación, cómo se articulan los niveles nacional, regional y territorial, y qué significa que una comunidad pueda incidir en la formulación, ejecución y seguimiento de los planes de desarrollo. Dicho de otro modo: la ciudadanía deja de ser invitada ocasional y se vuelve actor permanente. Una planeación participativa sólida mejora la transparencia, obliga al Estado a explicar decisiones y a dejar rastro de cómo incorpora o por qué no incorpora las propuestas ciudadanas.¿Por qué nunca se había reglamentado antes? Tal vez porque implicaba redistribuir poder. Reconocer que las comunidades pueden definir prioridades y cuestionar inversiones no siempre resulta cómodo. O quizá porque el país se acostumbró a que los Consejos Territoriales de Planeación fueran escenarios testimoniales, útiles en algunos territorios, pero sin herramientas para transformar realmente los planes. Hubo intentos valiosos, como los presupuestos participativos en Medellín, experiencias locales de planeación con enfoque comunitario, ejercicios de veeduría ciudadana, pero ninguno logró consolidar un sistema robusto. Hoy, con esta reglamentación, esos esfuerzos se conectan y se potencian. La participación adquiere continuidad, reglas claras y un enfoque diferencial que reconoce la voz de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, comunidades negras y territorios rurales. No es poca cosa: democratiza la planeación. Claro, nada de esto se materializará solo. El decreto abre una puerta, pero serán las comunidades, organizaciones y liderazgos locales quienes la mantengan abierta. Participar no es solo opinar: es vigilar, proponer, corregir, insistir. Si logramos hacerlo, este país puede dar un salto enorme hacia una democracia más cercana, más honesta y compartida. Ojalá no dejemos pasar esta oportunidad histórica, porque, al final, un país se planea mejor cuando se planea con la voz y visión de todos.
*Abogada con especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.