En nuestra edición de ayer publicamos una nota sobre el fenómeno de los asentamientos informales como uno de los grandes desafíos para el desarrollo y el ordenamiento territorial de la ciudad, por sus implicaciones económicas y sociales.
Se señalaba que los asentamientos que están en contradicción con el ordenamiento territorial o que no cuentan con títulos de propiedad, son zonas en las que predomina la pobreza, y muchos de estos, además de la vida en condiciones de extrema vulnerabilidad, se despliegan en zonas de alto riesgo.
Por esto destacamos en su momento la expedición del Acuerdo que el Concejo aprobó el 28 de febrero pasado, por el cual se le dio potestad a la Alcaldía para legalizar 13 asentamientos de origen informal, lo que supone retos enormes para la administración distrital que difícilmente pueden resolverse sin la unión entre el Gobierno, el sector privado y la comunidad.
Por esto, tiene sentido resaltar también los resultados que hoy puede mostrar una iniciativa de articulación entre esa tríada, que logró revertir una situación de riesgo y precariedad en la zona sur de Cartagena, en la que existen más de 900 casas y habitan más de 3.500 personas, asentamiento surgido como una urbanización ilegal, conocido como La Sevillana, construido sobre el lote denominado Magulla, que hace parte del Macroproyecto de Vivienda de Interés Social Nacional “Ciudad Bicentenario”, promovido por la Fundación Santo Domingo.
Sorprende gratamente cómo La Sevillana pasó de ser una zona de invasión a un ejemplo de desarrollo sostenible gracias a la unión de esfuerzos entre el Gobierno, el sector privado y la comunidad, probando que la intervención integral puede generar impacto social a gran escala.
Resulta clave centrarse en el papel que juegan los líderes positivos de estas comunidades vulnerables, en no pocos casos víctimas de invasores profesionales que, careciendo de títulos de propiedad, venden lotes en prometidas urbanizaciones que no pueden obtener las licencias urbanísticas por la ausencia de los requisitos de ley.
Es claro el deber constitucional del Gobierno en garantizar el derecho a la vivienda digna y a un ambiente sano; pero también tiene que propender por la legalidad en su territorio. La tolerancia que suele mostrar hacia los invasores profesionales es reprochable, pues se desvanece el sentido de autoridad, dejando sin respaldo tanto al propietario legítimo como a las víctimas que de buena fe adquieren lotes sin respaldo legal.
El trabajo realizado entre la Alcaldía de Cartagena y la Fundación Santo Domingo, tanto en la aclaración jurídica y el fortalecimiento del liderazgo comunitario, seguro servirá de modelo para la formalización de asentamientos informales; pero la adecuado es no tener que llegar a esos niveles si a tiempo intervienen las autoridades para impedirlos.